LA PAZ, 12 may (El Libre Observador) — La crisis social que sacude a Bolivia sumó este martes un nuevo y delicado frente de conflicto después de que los cooperativistas mineros del departamento de La Paz rompieran el diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y anunciaran su incorporación a las protestas y bloqueos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB).
La decisión amenaza con profundizar el aislamiento de La Paz, ya golpeada por bloqueos campesinos, marchas sindicales y crecientes problemas de abastecimiento en alimentos, medicamentos y combustibles.
La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin) informó que abandonó las negociaciones tras considerar una “humillación” la ausencia del mandatario en una reunión prevista para atender sus demandas sectoriales.
“Hemos tomado una decisión firme y contundente. Nos tendrá que ver este Gobierno en las calles y en las carreteras”, declaró el presidente de Fedecomin La Paz, Ladislao Prado, durante una conferencia de prensa en la sede de Gobierno.
El dirigente anunció que las cooperativas mineras se movilizarán desde este miércoles junto a otros sectores sociales que exigen soluciones a la crisis económica y, en algunos casos, la renuncia del presidente Paz.
La ruptura del diálogo representa un golpe político particularmente sensible para el Ejecutivo boliviano. El sector cooperativista minero es considerado históricamente uno de los actores sociales con mayor capacidad de presión en Bolivia debido a su influencia económica, su peso sindical y su capacidad de movilización en carreteras y centros urbanos.
Prado aseguró que los cooperativistas acudieron a la convocatoria gubernamental esperando reunirse directamente con el presidente, pero fueron recibidos únicamente por ministros y viceministros.
“¿Qué voy a hablar con un ministro?”, cuestionó el dirigente, al afirmar que las autoridades hicieron “oídos sordos” a sus reclamos.
Entre las principales demandas del sector figuran la falta de combustible, escasez de material explosivo para operaciones mineras, liberación de áreas de explotación y agilización de contratos mineros pendientes de adecuación.
El dirigente sostuvo además que el Gobierno impulsa un “paquetazo de diez leyes” que afectaría al sistema cooperativo minero sin haber sido consensuado previamente con el sector, particularmente en áreas vinculadas a minería e hidrocarburos.
“No vamos a permitir que nos sigan humillando”, afirmó Prado, quien aseguró que la decisión de movilizarse “no tiene un tinte político”, aunque reconoció el creciente malestar de las bases frente a la situación económica nacional.
La incorporación de los cooperativistas a las protestas ocurre en un momento de creciente fragilidad para el Gobierno de Paz. Bolivia atraviesa su segunda semana de bloqueos y movilizaciones encabezadas por sindicatos, campesinos, maestros y organizaciones sociales que denuncian el aumento del costo de vida, la escasez de combustibles y la falta de dólares.
El departamento de La Paz se convirtió en el epicentro de la crisis. Los bloqueos instalados en carreteras rurales mantienen parcialmente aislada a la sede de Gobierno del resto del país, mientras mercados y hospitales comienzan a resentir problemas de abastecimiento.
Aunque el Ejecutivo insiste en privilegiar el diálogo para evitar una escalada violenta del conflicto, la salida de los cooperativistas mineros de la mesa de negociación complica aún más el escenario político y social para un Gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos desde distintos sectores.
