LA PAZ, 5 may (El Libre Observador) — Bolivia vuelve a mirarse en el espejo de sus carreteras cortadas. A media jornada de este martes, el país contabilizaba al menos 70 puntos de bloqueo distribuidos en ocho de sus nueve departamentos, una geografía de la protesta que revela una tensión social en expansión y una economía que acusa el golpe de la incertidumbre.
Las cifras, registradas por la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dibujan un mapa casi completo de interrupciones: desde el altiplano de Oruro, Potosí y La Paz por los valles de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca hasta los llanos de Beni y Santa Cruz. Solo Pando, en la Amazonía, permanece al margen de esta oleada. El resto del país, en mayor o menor medida, ha visto cómo sus rutas se convierten en trincheras de reclamo.
Pero detrás de cada punto rojo en el mapa no hay una sola causa. Se superponen demandas como los transportistas que denuncian la escasez de combustible y el deterioro de las carreteras; organizaciones obreras que presionan por mejoras laborales; sectores indígenas y campesinos que llegan en marcha hasta La Paz para hacer oír sus reivindicaciones. No es una protesta unificada, sino una suma de malestares que convergen en un mismo gesto para bloquear el país que promueve aún más la crisis del país.
El impacto es inmediato y visible. Terminales de buses cerradas o con salidas suspendidas, pasajeros varados, transporte interdepartamental paralizado. En las ciudades, el ritmo se ralentiza; en las provincias, el aislamiento vuelve a sentirse como una amenaza concreta. Cada bloqueo no solo interrumpe el tránsito, sino también el flujo de alimentos, insumos y comercio.
El paro de 24 horas convocado por los choferes este martes añade presión a un escenario ya frágil. La medida, centrada en la crisis de combustible y el estado de las vías, se entrelaza con el “paro indefinido movilizado” declarado por la Central Obrera Boliviana (COB) por incremento salarial y otras medidas. La sensación, sin embargo, es de acumulación con protestas que no terminan de apagarse y otras que empiezan a encenderse.
El Gobierno, por su parte, intenta contener la narrativa de crisis generalizada. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, minimiza el carácter nacional del conflicto y apela a la “racionalidad” de la población, mientras insiste en que los bloqueos no resolverán los problemas estructurales del país. En paralelo, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, endurece el tono: califica de ilegal el paro indefinido de la COB y convoca a un diálogo que, por ahora, no encuentra respuesta.
Esa doble estrategia, llamado al diálogo y deslegitimación de las medidas, refleja la dificultad del Ejecutivo para articular una salida política en medio de demandas fragmentadas. La oferta de una reunión directa con la COB, incluso con la participación del presidente, aparece como un intento de recentrar el conflicto, aunque llega en un momento en que las protestas ya han tomado cuerpo en las carreteras.
Mientras tanto, el país se mueve a medias. O, en muchos casos, no se mueve. En Bolivia, donde las rutas son arterias vitales para la economía y la cohesión territorial, cada bloqueo es más que una protesta: es una señal de advertencia. La multiplicación de estos puntos no solo habla de conflictos sectoriales, sino de un clima social enrarecido, donde la negociación parece siempre llegar un paso tarde.
El desenlace es incierto. Lo que sí es evidente es que, una vez más, Bolivia ha convertido sus caminos en el escenario principal de su disputa política y social. Y que, en ese terreno, cada día cuenta.
