LA PAZ, 25 ago (El Libre Observador) — Bolivia enfrenta un nuevo capítulo en la crisis de su sistema penitenciario, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera a los jueces del país a revisar la situación de todos los detenidos preventivos en cárceles y carceletas. La decisión amplía la revisión que inicialmente solo abarcaba a figuras políticas emblemáticas y busca atender un problema estructural que afecta a decenas de miles de personas.
El instructivo obliga a los Tribunales Departamentales de Justicia a organizar “jornadas de verificación del cumplimiento de la medida cautelar personal de detención preventiva” en todos los recintos penitenciarios. Los jueces deberán revisar los casos “inclusive de oficio” y resolver conforme a derecho, con un plazo máximo de 24 horas para iniciar las jornadas.
Este paso llega tras fuertes críticas por un enfoque parcial: la instrucción inicial del TSJ solo incluía a exautoridades como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La medida provocó protestas de privados de libertad y denuncias de discriminación, ya que en Bolivia más de 19.000 personas cumplen detención preventiva sin sentencia.
Prisión preventiva: de excepción a regla
La detención preventiva en Bolivia tiene raíces históricas en el sistema judicial republicano, concebida como una medida excepcional para garantizar la investigación de delitos graves. Teóricamente, debía durar un máximo de seis meses. Sin embargo, expertos y organismos de derechos humanos sostienen que su uso se ha extendido de manera desproporcionada y discrecional, convirtiéndose en una práctica cotidiana.
“El problema no es solo legal, sino estructural y político”, afirma María José Ramos, abogada especializada en derechos penitenciarios. “La prisión preventiva se ha usado históricamente como herramienta de control social y político, y el sistema judicial rara vez logra cumplir con los plazos previstos por la ley”.
El informe anual de la Defensoría del Pueblo de 2024 revela que el 58 % de los reclusos bolivianos carece de sentencia y que el hacinamiento alcanza el 105 %. Más de 32.000 personas se encuentran privadas de libertad en condiciones que organizaciones internacionales consideran contrarias a los principios de un proceso penal justo.
Impacto social y político
La crisis penitenciaria refleja también profundas desigualdades sociales. La sobrepoblación y las malas condiciones de detención afectan principalmente a personas de bajos recursos, que carecen de representación legal adecuada. La decisión del TSJ, aunque simbólica, pone en evidencia la presión creciente de la sociedad civil y de organismos internacionales para reformar un sistema que combina lentitud administrativa, insuficiencia de infraestructura y uso político de la justicia.
Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, advierte que “la prisión preventiva ya no es la excepción, sino la regla”. Su declaración apunta a un fenómeno que combina retrasos judiciales, corrupción y carencias logísticas, que agravan la vulnerabilidad de los reclusos y cuestionan la legitimidad del proceso penal.
Mirando hacia adelante
Analistas coinciden en que la revisión masiva de casos es un primer paso, pero la solución requiere reformas profundas: mayor personal judicial, capacitación de jueces, digitalización de procesos y políticas penitenciarias centradas en la rehabilitación más que en la mera contención.
Mientras tanto, en las cárceles bolivianas, los internos aguardan resultados concretos de la revisión. Para ellos, la instrucción del TSJ representa una oportunidad de aliviar una situación que ha persistido durante décadas, pero cuya transformación real dependerá de la voluntad política y la capacidad institucional del Estado.
En un país donde la justicia preventiva ha dejado de ser excepcional, la mirada internacional se centra ahora en si Bolivia logrará convertir una medida histórica de emergencia en un mecanismo de equidad y justicia.
