LA PAZ, 20 may (El Libre Observador) — La crisis política boliviana cruzó este miércoles una nueva frontera diplomática. El Gobierno derechista de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciara una supuesta “insurrección popular” en el país andino y expresara respaldo político al exmandatario Evo Morales.
La medida marca uno de los episodios diplomáticos más tensos entre dos gobiernos latinoamericanos en los últimos meses y revela hasta qué punto la crisis boliviana comienza a desbordar las fronteras nacionales para convertirse en un asunto de repercusión regional.
La Cancillería boliviana solicitó formalmente la conclusión de las funciones diplomáticas de la representante colombiana, argumentando la necesidad de “preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados”.
Aunque el Gobierno aclaró que la decisión “no constituye ruptura de relaciones diplomáticas”, el gesto tiene una carga política evidente: Bolivia considera que Petro cruzó una línea sensible al pronunciarse sobre el conflicto interno que desde hace semanas sacude al país.
La tensión escaló después de que el mandatario colombiano afirmara en la red social X que “Bolivia vive una insurrección popular” y ofreciera apoyo para encontrar una salida pacífica a la “crisis política boliviana”. Un día después, Petro volvió a intervenir públicamente para pedir a Estados Unidos que no actúe contra Morales y defendió las movilizaciones cocaleras.
LA REACCIÓN BOLIVIANA FUE INMEDIATA Y SEVERA.
Para La Paz, las declaraciones del líder colombiano no solo alteraron el delicado equilibrio diplomático regional, sino que además reforzaron la narrativa impulsada por sectores movilizados que denuncian persecución política contra Morales y exigen cambios profundos en el Gobierno.
Detrás de la disputa diplomática emerge un escenario mucho más complejo: Bolivia atraviesa una de sus semanas de mayor tensión política desde la crisis de 2019.
Durante tres semanas consecutivas, sectores campesinos, mineros, fabriles y la Central Obrera Boliviana (COB) protagonizaron bloqueos, marchas y protestas en distintas regiones del país. A las movilizaciones se sumaron posteriormente organizaciones afines a Morales, profundizando la presión sobre el Ejecutivo.
Desde comienzos de esta semana, el epicentro del conflicto se trasladó a La Paz, donde grupos de manifestantes intentaron ingresar por la fuerza a plaza Murillo, el núcleo político del poder boliviano, mientras otros protagonizaron saqueos y enfrentamientos con la Policía.
Las imágenes de choques callejeros, edificios atacados y comerciantes huyendo de los disturbios comenzaron a circular rápidamente en medios internacionales, aumentando la preocupación sobre una posible escalada institucional en el país sudamericano.
Pero la controversia diplomática también deja al descubierto las fracturas ideológicas dentro del nuevo mapa progresista latinoamericano.
Petro, uno de los líderes más visibles de la izquierda regional, ha mantenido una posición crítica frente a procesos judiciales y políticos contra líderes progresistas del continente. Su respaldo a Morales encaja en esa línea discursiva, similar a la que ha sostenido respecto a otros dirigentes latinoamericanos enfrentados con sus gobiernos o sistemas judiciales.
Sin embargo, Bolivia respondió defendiendo el principio de no intervención, históricamente uno de los pilares de la diplomacia latinoamericana.
La Cancillería boliviana insistió en que cualquier valoración externa sobre la situación interna debe realizarse “con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”.
El episodio recuerda otros momentos de fricción regional recientes, en los que gobiernos ideológicamente cercanos terminaron enfrentados por crisis domésticas, desde las tensiones entre México y Ecuador hasta los desacuerdos diplomáticos en torno a Venezuela y Nicaragua.
El Gobierno intenta contener el deterioro del orden público mientras sectores movilizados mantienen la presión en calles y carreteras. Y aunque la expulsión de la embajadora colombiana busca enviar una señal de firmeza política y defensa de soberanía, también refleja el creciente aislamiento diplomático que puede enfrentar cualquier país cuando una crisis interna comienza a convertirse en un tema continental.
