LA PAZ, 16 jun (El Libre Observador) — Un nuevo giro sacude los cimientos del sistema judicial boliviano. La Fiscalía ha incluido formalmente al exministro de Justicia, César Siles, en la investigación del llamado “caso consorcio”, una presunta red de manipulación judicial para influir en la destitución de la magistrada Fanny Coaquira Rodríguez del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El escándalo ha abierto un boquete institucional en el Ministerio de Justicia, apenas horas después de que Siles presentara su renuncia y fuera reemplazado.
El documento emitido por el Ministerio Público, revelado por medios locales, confirma que Siles e Yván Córdova, actual presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, son investigados por los delitos de tráfico de influencias y consorcio entre servidores judiciales.
Se trata de figuras penales asociadas con el uso indebido de poder y alianzas ilícitas dentro de la administración de justicia.
La tormenta política y judicial estalló tras la difusión de un audio comprometedor en el que presuntamente se escucha a Siles dando instrucciones al juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, quien firmó la resolución clave contra la magistrada Coaquira.
Este último ya fue enviado a prisión preventiva por seis meses, mientras que la vocal Claudia Castro, también implicada, fue aprehendida.
Siles, cuya dimisión debía hacerse efectiva este martes, fue reemplazado de forma inmediata por el presidente Luis Arce, quien designó a Jessica Saravia, hasta entonces viceministra, como nueva ministra de Justicia. El relevo, sin transición ni explicaciones públicas más allá de los protocolos, deja entrever la urgencia del Ejecutivo por cortar los vínculos con una trama que amenaza con erosionar aún más la credibilidad institucional del país.
La Fiscalía comunicó su decisión a la jueza del caso, solicitando el control jurisdiccional sobre la ampliación de la investigación. La inclusión de un exministro en un proceso judicial activo por manipulación institucional no tiene precedentes recientes en Bolivia y profundiza la crisis de confianza en la separación de poderes.
Mientras tanto, el país observa con inquietud cómo se entreteje esta red de poder, influencia y justicia administrada en las sombras. La figura de Siles, hasta hace poco portavoz de la legalidad en el gabinete de Arce, se desploma bajo la sospecha de haber intentado instrumentalizar al sistema judicial con fines políticos.
Con el avance de las investigaciones y nuevos nombres en la mira, el caso Consorcio amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos judiciales en esta gestión de Gobierno. La presión sobre el Ministerio Público y el Órgano Judicial es ahora tan alta como las expectativas ciudadanas de una respuesta ejemplar.
En un país donde la justicia suele caminar entre telarañas de intereses cruzados, la pregunta es si esta vez el sistema será capaz de mirarse al espejo.
