LA PAZ, 28 sep (El Libre Observador) — Hay días en que una frase pronunciada en un cuartel pesa más que un decreto. Este lunes, en La Paz, el general Víctor Hugo Balderrama, comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, la pronunció con voz templada y sin mencionar nombres: “Sus Fuerzas Armadas, junto a su Policía Boliviana, están listas, están prestas para defender al pueblo y respetar la Constitución”. No hizo falta más. Todos entendieron a quién se dirigía.
Porque el mensaje llegó dos días después de que Evo Morales, presidente entre 2006 y 2019, diera al Gobierno de Rodrigo Paz hasta el 3 de octubre para abrogar los decretos que eliminan la subvención a los carburantes y aplican otras medidas económicas. Si no lo hace, advirtió, el país conocerá una movilización nacional desde el 13. Él mismo bautizó el plazo con la palabra que más resuena en la política boliviana de estos días: ultimátum. Lo hizo el sábado, rodeado de sectores afines, y pidió a sus seguidores que se organicen.
Balderrama evitó entrar en el terreno político, pero dejó claro el suyo. Bolivia vive bajo estado de excepción, recordó, y las Fuerzas Armadas harán cumplir la ley “para garantizar la libre transitabilidad”. Es decir, para que los caminos no se cierren. En un país donde el bloqueo es una forma histórica de presión, la precisión no fue casual.
La política había hablado antes. El domingo, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó de incoherente la postura del exmandatario y lanzó una sentencia que el Ejecutivo repite ya como consigna: “Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”. Se refería a los llamados de Morales a plantar cara al Gobierno si no se retiran los decretos sobre el diésel y sobre las empresas estatales deficitarias.
Justiniano, sin embargo, cuidó el matiz. Morales, como cualquier ciudadano, tiene derecho a discrepar y a movilizarse pacíficamente, dijo, siempre dentro de la ley. Lo que el Gobierno no acepta son las advertencias que buscan imponer decisiones al Ejecutivo. La frontera entre una cosa y otra, en la práctica, es tan fina como el calendario que se aproxima.
Así, entre un ultimátum y un estado de excepción, Bolivia contiene el aliento. Faltan cinco días para el 3 de octubre y quince para el 13. Nadie sabe aún si esas fechas serán el inicio de una negociación o el prólogo de un pulso en las calles. Lo que sí parece claro es que, esta vez, los cuarteles han decidido hacerse oír antes de que hablen los bloqueos.
