LA PAZ, 3 dic (El Libre Observador) — Bolivia abrió este miércoles una carrera contrarreloj para reconstruir el órgano encargado de garantizar la limpieza de sus comicios. El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley Transitoria para la Selección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), una norma elaborada para reemplazar a seis de los siete vocales que concluyen su mandato el 19 de diciembre y que establece un procedimiento inusualmente acelerado para designar a las nuevas autoridades.
“Esta ley simplifica el proceso de selección, debido a los plazos ajustados que tenemos hoy en día. Vamos a asegurar que los vocales puedan entrar en funciones dentro del tiempo previsto y garantizar la preparación del proceso electoral subnacional de marzo 2026”, afirmó Paz durante un acto público en el Palacio de Gobierno.
La urgencia domina el ambiente político. La renovación del TSE llega apenas semanas después de que Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganara las elecciones generales de 2025 tanto en primera como en segunda vuelta. El presidente ha insistido en que su victoria fue objeto de presiones e intentos de desconocimiento y, durante la campaña, pidió al árbitro electoral alinearse con las “grandes mayorías”.
Pese al recelo inicial, agradeció ahora a los vocales salientes porque, dijo, “han hecho un trabajo probo, especialmente este 2025 donde creo que cada boliviano y cada boliviana que votó sintió seguridad en su voto”.
La ley promulgada recorta drásticamente los tiempos: define un calendario de apenas 15 días para revisar postulaciones, evaluar méritos y consolidar las listas finales. Cada fase —salvo la presentación de candidaturas— deberá completarse en un solo día, un método que elimina exámenes escritos u orales y concentra toda la valoración en una jornada dedicada a “méritos, conocimientos y probidad”. La norma también flexibiliza requisitos técnicos, como la exigencia de apostilla para títulos de posgrado obtenidos en el exterior.
El nuevo TSE asumirá una tarea que podría redefinir la arquitectura electoral del país: la elaboración de un padrón ciudadano completamente actualizado en un máximo de 24 meses. La calidad del registro electoral ha sido, por años, uno de los puntos más sensibles del sistema político boliviano, marcado por acusaciones cruzadas de inconsistencias, observaciones técnicas y disputas entre partidos.
El proceso de selección contempla 12 etapas de verificación e impugnación, que incluyen la publicación de habilitados e inhabilitados, recursos de revisión y la aprobación de un informe final que será enviado al pleno de la Asamblea Legislativa. La Comisión Mixta de Constitución —compuesta por diputados y senadores— trabajará “por tiempo y materia” hasta armar la lista final de seis titulares y seis suplentes.
Para su elección, la Asamblea necesitará una mayoría de dos tercios y una votación nominal. La ley exige que el nuevo TSE mantenga los principios de paridad y representación indígena: al menos tres mujeres y dos representantes de pueblos indígenas deberán ocupar asientos titulares.
Los postulantes deberán tener 30 años cumplidos, no contar con condenas ejecutoriadas, no haber sido vocal del TSE, hablar dos idiomas oficiales y carecer de militancia política vigente. También se requiere un título profesional con cinco años de antigüedad y experiencia en derecho constitucional, derechos humanos, informática, seguridad digital, economía, comunicación o ciencias políticas.
El Tribunal Supremo Electoral es el organismo encargado de organizar y supervisar los comicios nacionales y subnacionales, administrar el padrón, fiscalizar el financiamiento político y regular a los tribunales departamentales. Su renovación llega en un momento en el que Bolivia encara tensiones políticas y la expectativa de un calendario electoral cargado, con elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.
