LA PAZ, 22 may (El Libre Observador) — En un giro inesperado y preocupante para la estabilidad democrática boliviana, una decena de demandas judiciales y constitucionales buscan anular la personería jurídica de diversas organizaciones políticas que ya fueron habilitadas para participar en las elecciones generales del próximo 17 de agosto.
Uno de los recursos más polémicos plantea la eliminación de ocho partidos del escenario electoral, en lo que expertos ya califican como una escalada de la «judicialización del proceso electoral».
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, confirmó que han sido notificados con una acción popular presentada por un ciudadano quien solicita la cancelación de la personería jurídica de ocho frentes políticos.
De prosperar la demanda, solo quedarían habilitados el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS), lo que podría alterar radicalmente la contienda electoral. Aunque el MTS tiene otras demandas judiciales que podrían dejarlo fuera de la competencia electoral
“Fuimos notificados por una acción popular. Un ciudadano pide cancelación de ocho partidos políticos. Se van a quedar sin nada si fuera decisión de esta sala”, alertó Tahuichi.
El vocal instó a la Asamblea Legislativa a aprobar cuanto antes la proyectada ley de preclusión electoral, que pondría límites al uso de recursos legales durante el calendario electoral.
De las 10 demandas presentadas, cuatro se concentran en Santa Cruz, dos en La Paz, una en Beni y tres fueron interpuestas directamente ante el propio Tribunal Electoral. La mayoría de estos recursos cuestionan aspectos procedimentales y de legalidad en el registro de candidaturas o la vigencia de las organizaciones políticas, aunque su impacto potencial va mucho más allá de los aspectos técnicos.
“La judicialización de las elecciones presidenciales está en curso”, advirtió Tahuichi. Recordó que el artículo 203 de la Constitución obliga al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que podría dejar al TSE sin margen de maniobra en caso de fallos adversos.
El antecedente inmediato se remonta a las elecciones judiciales suspendidas en diciembre de 2023, donde una avalancha de recursos legales logró frenar el proceso en varias regiones, dejando un precedente de vulnerabilidad institucional ante estrategias jurídicas de sabotaje electoral.
En un escenario cada vez más polarizado y tensionado por la incertidumbre, analistas advierten que el uso de herramientas legales para disputar el terreno político representa una amenaza latente a la pluralidad democrática. Mientras tanto, la campaña avanza con candidatos inscritos, pero bajo la sombra de decisiones judiciales que podrían reconfigurar el tablero político en cualquier momento.
