LA PAZ, 8 sep (El Libre Observador) – En Bolivia, el oro dejó de ser únicamente un activo estratégico en las bóvedas del Banco Central y se ha convertido en un arma arrojadiza en la campaña electoral. El presidente Luis Arce y el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, que hoy busca volver al poder como candidato de la alianza Libre de corte ultra liberal, protagonizan un áspero cruce sobre la administración de las reservas internacionales, en un debate que refleja tensiones más profundas sobre la independencia institucional y la fragilidad económica del país.
La polémica comenzó cuando Quiroga acusó al Banco Central de Bolivia (BCB) de incurrir en “prácticas ilegales” al pignorar parte de las 22 toneladas de oro que, según la normativa, constituyen el mínimo de reservas.
“El Gobierno debe entregar esas 22 toneladas el 8 de noviembre. De lo contrario, los responsables enfrentarán consecuencias legales”, advirtió el candidato en un acto de campaña.
Arce respondió con dureza, calificando de “alarmante” que un expresidente “desconozca” la normativa que regula las reservas internacionales.
“Siempre se ha respetado el límite de oro que corresponde al BCB. Todo está enmarcado en la normativa legal”, aseguró en una conferencia de prensa en La Paz.

Un tema técnico convertido en disputa política
El Banco Central, que suele mantenerse al margen de la contienda, se vio obligado a publicar un comunicado para rechazar las “desacertadas declaraciones” de Quiroga.
El ente emisor explicó que las operaciones con oro forman parte de una estrategia de gestión de reservas que ha permitido incrementar los activos netos a 2.881 millones de dólares en lo que va de 2025, con un aumento de 905 millones en ocho meses.
Lejos de aclarar el panorama, la controversia puso de relieve el delicado equilibrio entre la técnica y la política. En Bolivia, donde las reservas internacionales llegaron a superar los 15.000 millones de dólares hace una década y hoy se sitúan en un nivel crítico, cada movimiento del Banco Central es observado con lupa. La discusión sobre el oro no solo habla de bóvedas y lingotes, sino también de la credibilidad del Estado y de la confianza de los mercados.
Una campaña marcada por la economía
El episodio ocurre en plena campaña para el balotaje presidencial del 19 de octubre, en el que se enfrentarán Rodrigo Paz, candidato centrista del Partido Demócrata Cristiano, y Quiroga, que impulsa un programa liberal con promesas de privatización y apertura a la inversión extranjera.
La economía, en un contexto de inflación moderada, pero de reservas menguantes, se ha consolidado como el eje central del debate.
Para Arce, aún en funciones hasta la entrega del mando, la prioridad es defender la estabilidad institucional y subrayar que las reservas no están en riesgo. Para Quiroga, en cambio, las dudas sobre el oro le permiten proyectar una imagen de fiscalizador severo frente a lo que describe como un gobierno ineficiente y opaco.

Un patrón regional
El cruce entre presidente y candidato también conecta con una tendencia más amplia en América Latina: la politización de los bancos centrales. En Argentina, el uso de reservas para contener la fuga de divisas es una práctica habitual; en Brasil, la independencia del Banco Central solo fue reconocida legalmente en 2021 tras décadas de presiones; y en Venezuela, el oro se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder, con lingotes retenidos en tribunales internacionales.
Bolivia, que alguna vez presumió de estabilidad macroeconómica gracias al superávit generado por el gas y las materias primas, se enfrenta ahora al reto de sostener su economía con recursos cada vez más limitados. En ese escenario, el debate sobre el oro adquiere un valor político y simbólico que excede lo técnico: se trata de quién tiene autoridad moral y capacidad real para garantizar la solidez del Estado.
El episodio revela hasta qué punto los temas más técnicos se vuelven munición electoral en tiempos de polarización. Lo que debería ser una discusión sobre instrumentos financieros se ha convertido en un reflejo de la disputa entre dos visiones de país: la de un Estado fuerte que gestiona sus activos estratégicos con fines de estabilidad, y la de un modelo liberal que exige transparencia absoluta y se opone a cualquier maniobra que considere riesgosa.

