LA PAZ, 25 may (El Libre Observador) — Las caravanas de camiones detenidas en las carreteras del altiplano, las largas filas por combustible y los mercados golpeados por la escasez se han convertido en la imagen cotidiana de una Bolivia atrapada en una de sus peores crisis sociales de los últimos años. En ese escenario de creciente presión callejera, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció este lunes una reducción del 50% de su salario y del sueldo de sus ministros, en un intento por transmitir austeridad y contener el descontento social.
El anuncio llegó desde Sucre, capital constitucional del país, mientras en La Paz las protestas completaban 25 días consecutivos. Lo que comenzó como una serie de reclamos sectoriales impulsados por sindicatos y organizaciones populares derivó en una movilización nacional que ahora exige la renuncia del mandatario.
Las marchas y bloqueos son liderados por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), el poderoso ente sindical históricamente vinculado a las grandes convulsiones políticas del país. Campesinos, mineros, indígenas, maestros y trabajadores fabriles mantienen cerradas rutas estratégicas que conectan el eje central boliviano, agravando el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en ciudades como La Paz y El Alto.
“Este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión (…) de rebajarse el salario en 50 por ciento”, declaró Paz, quien intentó presentar la medida como un gesto de acompañamiento al sacrificio económico que enfrentan millones de bolivianos.
Pero el anuncio ocurre en un contexto donde la irritación social parece haber superado los gestos simbólicos. En las últimas semanas, el país acumuló escenas de tensión: choques entre manifestantes y policías, mercados semivacíos, transporte interrumpido y un creciente temor a una parálisis económica más profunda.
Paz insistió en que la rebaja salarial no alcanzará a otros trabajadores del sector público. “No queremos perjudicar a los profesionales”, afirmó, al advertir que el Estado ya enfrenta dificultades para retener personal técnico debido a los bajos salarios.
En paralelo, el mandatario lanzó otra señal hacia los sectores populares: un “perdonazo tributario” para pequeños comerciantes, artesanos, transportistas y trabajadores informales con deudas fiscales acumuladas desde 2017 inferiores a 10 millones de bolivianos.
“Este perdonazo no es para ricos, sino para el que vive día a día”, sostuvo el presidente, apelando a un discurso de alivio económico en medio de una coyuntura marcada por la desaceleración y la creciente presión social.
Sin embargo, el gesto presidencial refleja también la fragilidad política que atraviesa el Gobierno. Bolivia, un país acostumbrado a las crisis cíclicas y a las grandes movilizaciones populares, vuelve a mostrar señales de una confrontación social que amenaza con desbordar las instituciones y abrir un nuevo capítulo de incertidumbre política en el corazón de Sudamérica.
