LA PAZ, 6 nov (El Libre Observador) — La expresidenta de Bolivia (2019 y 2020), Jeanine Áñez, entre, cruzó este jueves la puerta del Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz para salir en libertad. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia de 10 años de cárcel dictada en su contra en el caso “Golpe de Estado II” y dispuso su inmediata excarcelación. Era el final, al menos parcial, de cuatro años y ocho meses de encierro que se han convertido en un símbolo de la polarización boliviana posterior a la caída de Evo Morales.
Áñez habló frente a cámaras con una emoción que trataba de controlar: “Es volver a la vida. Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó”. Sus hijos, abogados y seguidores rompieron en aplausos. Bolivia volvió a contemplar la escena que había imaginado durante años, pero que no parecía cercana hasta hace pocas semanas, cuando se aceleraron los movimientos judiciales en torno a los casos vinculados a 2019.
La sentencia 011/2025, redactada por el magistrado por Chuquisaca, Carlos Ortega, anuló el fallo condenatorio y estableció que Áñez debió ser juzgada mediante juicio de responsabilidades —procedimiento reservado a expresidentes— y no por un tribunal penal ordinario. La clave argumental fue contundente: la sucesión presidencial de 2019 no constituyó un acto de usurpación, sino “necesidad constitucional” ante el vacío de poder generado por la renuncia del presidente, el vicepresidente y las cabezas del Legislativo.
El juez de Ejecución Penal, notificado con la decisión, emitió el mandamiento de libertad inmediata. Y el portón de Miraflores se abrió. La exsenadora, hoy libre, tiene previsto asistir el sábado 8 al acto de posesión del presidente electo Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara en la simbólica plaza Murillo. Volverá al centro político de La Paz, ahora como protagonista inesperada de un momento bisagra.
El caso Áñez estuvo rodeado desde el inicio de una densa atmósfera política. Arrestada en marzo de 2021 en Trinidad, inicialmente imputada por Golpe I y posteriormente condenada por Golpe II, permaneció recluida en Miraflores durante casi cinco años.
Sus detractores la acusaron de tomar el poder sin respetar la línea constitucional de sucesión. Sus defensores sostuvieron que su ascenso fue un parche de emergencia institucional ante la implosión del Ejecutivo tras las renuncias de 2019.
En paralelo, Áñez llegó a acumular una decena de causas: Golpe I, Golpe II, EBA, Fundempresa, Jet Fuel, FMI, Sacaba, Senkata, entre otras. Pero de facto, fue Golpe II el expediente que la mantuvo en prisión. Ahora ese caso se desmorona, como ya ocurrió meses atrás con otros opositores de alto perfil implicados en los turbulentos días de 2019, entre ellos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
La anulación de la condena abre un nuevo capítulo jurídico. Áñez sigue investigada por Sacaba y Senkata, dos procesos sensibles con denuncias de violaciones a derechos humanos en operaciones policiales-militares. Sin embargo, avanza una tendencia en el ámbito legal: al haber ejercido como presidenta, el estándar de enjuiciamiento válido sería el juicio de responsabilidades, no el proceso penal ordinario. Ese detalle técnico puede reconfigurar la arquitectura legal de los casos 2019.
La liberación de Áñez no cierra la disputa histórica que sigue latente. Pero marca un giro procesal que admite un mensaje político de fondo: los cimientos jurídicos de los juicios de 2019 están siendo revisados. Y esa revisión ha logrado lo que parecía políticamente imposible durante años: recuperar la libertad para la protagonista más controvertida del episodio que partió en dos la política boliviana contemporánea.
