LA PAZ, 23 oct (El Libre Observador) – En un capítulo crucial de la historia política de Bolivia, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció este lunes que ha presentado una acusación formal por el delito de genocidio contra la expresidenta (23019-2020), Jeanine Áñez, y varios de sus colaboradores, en relación al caso «Senkata y Sacaba».
Estos trágicos eventos, que se remontan a noviembre de 2019, dejaron un saldo devastador de 20 personas fallecidas tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
La acusación se cierne sobre Áñez, así como sus exministros y exjefes militares y policiales, quienes enfrentarán un juicio ordinario debido a la gravedad de los delitos imputados. La petición de la Fiscalía es clara: 30 años de cárcel para todos los implicados.
En una conferencia de prensa, Juan Lanchipa destacó que la acusación abarca a 18 personas, incluyendo a Jeanine Áñez, quien ocupaba la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en el momento de los acontecimientos.
Los hechos bajo escrutinio involucran represión militar y policial contra manifestantes en un período en que Áñez asumió la presidencia sin seguir la sucesión constitucional. Mientras tanto, los manifestantes estaban ejerciendo su derecho a la protesta pacífica, defendiendo la wiphala y las mujeres de pollera.
En el caso de Sacaba, se indagan los acontecimientos del 15 de noviembre de 2019, cuando una represión condujo a la trágica muerte de 10 personas por impactos de bala en el puente Huayllani en Sacaba, mientras participaban en una marcha de interculturales hacia la ciudad central de Cochabamba.
La Fiscalía sostiene que la represión fue ordenada sin motivo que la justificara, y señala que Jeanine Áñez tomó contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía, sugiriendo que «asumió el control absoluto» del operativo.
En el caso Senkata, se examinan los sucesos del 19 de noviembre en El Alto, donde otras 10 personas perdieron la vida por disparos de armas de fuego. La Fiscalía argumenta que los manifestantes bloquearon la planta de Senkata exigiendo respeto al voto ciudadano, rechazando ofensas a los símbolos patrios y manifestando un «descontento generalizado» con la gestión de Áñez. La represión armada se desató después de que las fuerzas del orden llevaron a cabo una operación de exfiltración para permitir el paso de combustibles desde la planta de Senkata, utilizando armas de guerra contra los manifestantes.
El fiscal Lanchipa destacó que todas las víctimas fallecieron a causa de impactos de proyectiles de armas de fuego, lo que constituye graves violaciones a los derechos humanos. Según Lanchipa, la operación de exfiltración fue llevada a cabo por los entonces ministros de Estado: Carlos Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Víctor Hugo Zamora Castedo, con la aprobación de Jeanine Áñez.
La acusación será sometida a juicio ordinario, y Jeanine Áñez ya enfrenta varios procesos ordinarios en su contra. En uno de los casos más prominentes, conocido como «golpe de Estado II», en junio del año pasado, recibió una sentencia de 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Bolivia observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, que arrojan luz sobre cuestiones cruciales relacionadas con los derechos humanos y la gobernabilidad en el país.
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