LA PAZ, 17 sep (El Libre Observador) — El anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de sancionar a una treintena de medios de comunicación con multas económicas tras la primera vuelta presidencial ha provocado una fuerte reacción en el gremio periodístico boliviano. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) advirtió que estas sanciones, calificadas de “desproporcionadas”, podrían derivar en el cierre de algunos medios y suponen un riesgo para la libertad de prensa en el país.
El comunicado de la ANPB, difundido este miércoles, denuncia que las resoluciones del TSE comprometen no solo la estabilidad financiera de diarios, radios y plataformas digitales, sino también la seguridad laboral de centenares de periodistas y trabajadores de prensa. “En algunos casos, las multas equivalen al patrimonio total de los medios afectados”, advierte el gremio, que considera la medida una amenaza directa contra el derecho a la información de la ciudadanía.
Las sanciones fueron recomendadas por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) tras detectar dos tipos de faltas: la publicación de columnas de opinión que hicieron referencia al proceso electoral y la omisión de la leyenda “espacio solicitado” en la transmisión de propaganda política en radios y canales de televisión. Para el TSE, se trata de violaciones a la normativa electoral; para los periodistas, de tecnicismos que no deberían justificar castigos de semejante magnitud.
La polémica va más allá del aspecto económico. La ANPB recuerda que la Constitución boliviana, la Ley de Imprenta y los tratados internacionales de derechos humanos prohíben la censura previa y garantizan la libertad de expresión. “Resulta contradictorio que se sancione a medios que cumplen una labor informativa responsable, mientras la desinformación circula sin control en redes sociales”, señala la organización.
El conflicto refleja una tensión recurrente en la política boliviana: la relación entre los órganos del Estado y el periodismo independiente. En un contexto electoral marcado por la desconfianza hacia las instituciones, las radios comunitarias y regionales —muchas veces la única fuente de información en zonas rurales— se sienten particularmente vulnerables. Para varias de ellas, el pago de una multa podría significar su desaparición.
La controversia también llega en un momento clave: el país se encamina hacia una segunda vuelta presidencial el 19 de octubre, en la que se enfrentarán Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga. Con la campaña en plena efervescencia, cualquier medida que afecte al flujo informativo tiene repercusiones directas en el debate público.
La Asociación de Periodistas ha pedido al TSE revisar las sanciones con criterios de proporcionalidad y evitar un precedente que, a su juicio, debilitaría la pluralidad del sistema mediático boliviano. “Un sistema plural, independiente y democrático de medios de comunicación es indispensable para el fortalecimiento del Estado de derecho”, subraya el comunicado.
Hasta ahora, el TSE no ha respondido al reclamo, aunque sus autoridades han defendido en otras ocasiones la necesidad de aplicar la ley electoral de manera estricta para asegurar condiciones equitativas en la competencia política. Sin embargo, el temor de los periodistas es que la rigidez de las normas acabe asfixiando a los medios más frágiles en un ecosistema informativo ya golpeado por la precariedad económica y la polarización política.
