LA PAZ, 10 sep (El Libre Observador) — El presidente Luis Arce ha reavivado una de las batallas políticas más trascendentales de su mandato al reactivar el referéndum nacional, presentando tres preguntas reformuladas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 9 de septiembre.
Este movimiento marca un claro desafío al reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que había rechazado la primera propuesta de referéndum por no cumplir con los procedimientos establecidos. Arce, lejos de retroceder, ha decidido reformular sus planteamientos y retomar el control de la agenda política, enviando las preguntas nuevamente para su evaluación técnica.
La decisión de Arce de enviar las preguntas corregidas responde no sólo a las recomendaciones iniciales del TSE, sino a una estrategia calculada para poner sobre la mesa dos de los temas más divisivos de la política boliviana: los subsidios a los combustibles y la reelección presidencial.
Ambos asuntos han sido objeto de un intenso debate, tanto en los círculos políticos como en las calles del país, y este nuevo intento por llevarlos a consulta popular refleja la determinación del mandatario por definir el futuro económico y político de Bolivia.
Dos de las preguntas que Arce ha reformulado buscan levantar gradualmente los subsidios al diésel y la gasolina, una política que ha sido un pilar fundamental en el modelo económico del país durante décadas.
Estos subsidios, que fueron originalmente diseñados para proteger a la población de bajos recursos del alza en los precios internacionales, han pasado a ser una carga insostenible para las arcas del Estado. Según datos oficiales, los subsidios representan más de 2.000 millones de dólares en gastos anuales para el Estado.
Según Arce, reducir los subsidios es una medida inevitable si Bolivia pretende estabilizar su economía y atraer inversión extranjera. Sin embargo, la propuesta no está exenta de controversia.
Sectores sociales y sindicatos han expresado su temor a que el retiro de estas ayudas afecte gravemente el costo de vida de los más vulnerables, lo que podría desencadenar protestas masivas en un país donde la economía popular está altamente dependiente de estos apoyos.
La tercera pregunta del referéndum se enfoca en un asunto igualmente polémico: la modificación del Artículo 168 de la Constitución para permitir la reelección discontinua del Presidente y Vicepresidente. En otras palabras, la propuesta de Arce abriría la posibilidad de que futuros mandatarios pudieran retornar al poder de manera alternada, después de un período fuera del cargo.
Esta iniciativa, aunque cuidadosamente diseñada para no revivir la posibilidad de reelección continua, ha despertado críticas inmediatas tanto en la oposición como en sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) afines al expresidente Evo Morales.
La sombra de la reelección indefinida sigue siendo un tema profundamente divisivo en Bolivia. La modificación constitucional que permitió a Morales postularse para un tercer mandato en 2014, y el posterior intento fallido de extender su tiempo en el poder en 2019, han dejado cicatrices en la política boliviana. Arce, sin embargo, parece decidido a explorar una fórmula que permita la continuidad política sin caer en las trampas del pasado.
Aunque el gobierno de Arce tenía la intención inicial de celebrar el referéndum el 1 de diciembre, coincidiendo con las Elecciones Judiciales, los plazos legales han hecho que este plan sea inviable. A pesar de este contratiempo, el mandatario sigue adelante, buscando cumplir con los procedimientos legales para llevar el referéndum a las urnas lo antes posible.
El objetivo de Arce es claro: utilizar el voto popular como un mecanismo para legitimar estas reformas cruciales, que no solo impactarán en la estructura económica del país, sino también en la arquitectura política de las futuras administraciones.
El envío de estas preguntas reformuladas al TSE no solo pone a prueba la voluntad del Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberá decidir el control constitucional, si los nuevos textos cumplen con los requisitos establecidos, sino que también enfrenta una prueba de fuego en el terreno político.
Las propuestas de Arce son vistas como un desafío directo tanto a la oposición como a ciertos sectores internos del MAS que han mostrado reticencias a apoyar medidas tan delicadas como la eliminación de subsidios o la reelección, aunque sea de forma discontinua.
Este capítulo en la historia reciente de Bolivia no es solo una batalla legal; es una puja por el control del futuro del país. Arce ha dejado claro que está dispuesto a jugar todas sus cartas, reformulando sus preguntas, adaptando su estrategia y apelando directamente a la voluntad popular. Lo que está en juego no es solo la agenda de su gobierno, sino el rumbo de Bolivia en los próximos años.
