LA PAZ, 31 oct (El Libre Observador) — En un clima de desgaste político y a días del relevo presidencial, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia clausuró este viernes su gestión 2020-2025 aprobando una de las leyes más esperadas por sectores medios y pequeños empresarios: el diferimiento de créditos por seis meses, una medida que busca ofrecer un respiro financiero en medio del estancamiento económico, pero que también marca el final de un ciclo político dominado por el Movimiento al Socialismo (MAS).
La norma, sancionada tras un debate tenso y plagado de acusaciones cruzadas, permitirá que 1,4 millones de prestatarios suspendan temporalmente el pago de sus deudas bancarias. Lo simbólico no pasó inadvertido: en su última sesión antes del traspaso de mando al presidente electo Rodrigo Paz, los dos bloques del MAS —el del mandatario saliente Luis Arce y el del expresidente Evo Morales— votaron juntos por primera vez en meses, dejando en evidencia una tregua política de última hora.
La Cámara de Senadores había modificado el texto original introduciendo la figura de un “periodo de gracia”, más limitado, que según el Gobierno habría reducido la cobertura del beneficio. La Cámara de Diputados rechazó esas enmiendas, y en el pleno, David Choquehuanca, vicepresidente y presidente nato del Legislativo, dio por sancionada la ley y la remitió al Ejecutivo.
“Sigamos construyendo una Bolivia digna, productiva y soberana, donde el poder no se concentre, sino fluya y se comparta”, afirmó Choquehuanca en su discurso de clausura, ante un hemiciclo fatigado por cinco años de crisis políticas, pugnas internas y una economía cada vez más presionada por el déficit fiscal.
El tono del vicepresidente fue de despedida institucional. La Asamblea, dijo, “nunca se detuvo pese a las adversidades”, en referencia a los conflictos que marcaron el mandato: la pandemia, las fracturas dentro del MAS, las tensiones con la oposición y el desgaste del modelo de gobernabilidad que emergió tras la renuncia de Evo Morales en 2019.
Durante su gestión, la ALP celebró 72 sesiones plenarias y emitió 83 resoluciones, según el balance oficial. En los últimos meses, sin embargo, las sesiones se caracterizaron más por las disputas entre “arcistas” y “evistas” que por los consensos legislativos.
La oposición, que votó dividida, advirtió que el nuevo diferimiento podría afectar la estabilidad del sistema financiero si se aplica sin controles. Algunos legisladores propusieron limitar el beneficio a prestatarios en mora o con riesgo de impago, una sugerencia rechazada por el oficialismo, que defendió la medida como un “respiro necesario para las familias y pequeños emprendedores” golpeados por la inflación y la falta de liquidez.
El cierre del periodo legislativo coincidió con la aprobación de otra norma excepcional que suspende temporalmente embargos y ejecuciones judiciales sobre créditos de vivienda social y préstamos a micro y pequeñas empresas. Las leyes llegan en un momento en que Bolivia intenta estabilizar su economía en medio de la caída de reservas internacionales y la escasez de dólares.
A pocos días de la transición presidencial del 8 de noviembre, la sanción de estas normas se interpreta también como un gesto de reconciliación dentro del propio MAS y un intento de cerrar el ciclo con una imagen de unidad institucional. La próxima legislatura deberá abordar, sin embargo, los temas pendientes: la reforma fiscal, la situación de la banca y la recuperación de la confianza ciudadana en el Parlamento.
El discurso final de Choquehuanca tuvo un tono moralizante y simbólico. “Dejemos de destruirnos entre bolivianos; destruyamos la corrupción, la división, las mentiras, el fanatismo y el egoísmo”, exhortó, antes de declarar clausurada la gestión 2020-2025.
