LA PAZ, 1 abr (El Libre Observador) — En un movimiento que marca un punto de inflexión en la política energética del país, el Gobierno de Bolivia ha decidido abrir su mercado eléctrico al mundo. Un nuevo decreto permite que empresas públicas, privadas y mixtas participen directamente en la compra y venta de electricidad con otros países, desmantelando en la práctica un modelo centralizado que durante años reservó ese rol al Estado.
La medida, contenida en el Decreto Supremo 5598, modifica la normativa vigente desde 2015, cuando se estableció que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) era la única entidad autorizada para gestionar intercambios internacionales. Ese esquema respondía a una visión soberanista de los recursos estratégicos, en la que la energía —como el gas o los minerales— debía ser controlada exclusivamente por el aparato estatal.
Hoy, ese paradigma comienza a cambiar. El nuevo marco legal habilita a “cualquier agente del mercado eléctrico” a realizar operaciones internacionales, siempre bajo la condición de no comprometer el abastecimiento interno. La fórmula es reveladora: apertura sin renunciar del todo al control. La electricidad podrá cruzar fronteras en manos diversas, pero el consumo nacional seguirá siendo la prioridad.
El giro no ocurre en el vacío. En los últimos años, América del Sur ha intensificado los esfuerzos por interconectar sus sistemas eléctricos, en busca de mayor eficiencia y resiliencia frente a crisis energéticas o variaciones climáticas. Países como Brasil, Argentina o Chile han avanzado en mecanismos de intercambio que permiten aprovechar excedentes y reducir costos. Bolivia, con su potencial hidroeléctrico aún en desarrollo, aspira ahora a insertarse con mayor protagonismo en esa red.
Pero la apertura también plantea interrogantes. La posibilidad de que actores privados negocien electricidad con mercados externos introduce nuevas dinámicas en un sector sensible, donde las decisiones impactan directamente en tarifas, inversiones y seguridad energética. La clave, advierten analistas, estará en la capacidad del Estado para regular un sistema que deja de ser completamente vertical.
El decreto también redefine el mapa de la infraestructura. La construcción de líneas de transmisión destinadas a estos intercambios podrá ser asumida no solo por ENDE, sino también por otros actores, en asociación o de forma independiente. Es una señal clara a potenciales inversores: Bolivia busca capital, tecnología y experiencia para expandir su red y convertir su energía en un activo exportable.
En el fondo, la decisión revela una tensión más amplia que atraviesa a varias economías de la región: cómo equilibrar el control estatal de sectores estratégicos con la necesidad de atraer inversión y dinamizar mercados. En el caso boliviano, la respuesta parece inclinarse hacia una apertura gradual, cuidadosamente acotada, pero simbólicamente potente.
