LA PAZ, 18 nov (El Libre Observador) — La justicia boliviana avanza en un caso que podría redefinir la percepción pública del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales. Según la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, cinco delitos enmarcan al menos diez hechos criminales atribuidos a altos dirigentes y militantes de esta organización política, señalados como autores intelectuales, instigadores y financiadores de actos que involucran desde terrorismo hasta atentados contra la seguridad del Estado.
El juzgado 14 de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia de la Mujer, liderado por Heber Torrejón, emitió órdenes de aprehensión contra figuras clave del evismo, como el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el dirigente Ponciano Santos. Entre los delitos imputados destacan terrorismo, alzamientos armados, atentados contra organismos de seguridad y fabricación de explosivos.
Estas acciones legales surgen tras hechos como el bloqueo nacional de caminos, que comenzó el 14 de octubre, bajo convocatoria de Morales.
Según el viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, esta medida generó pérdidas económicas estimadas en 2.109 millones de dólares, afectando gravemente sectores estratégicos del país.
El detonante fue una denuncia de Morales sobre un supuesto atentado en su contra en Villa Tunari, Cochabamba. Este incidente desencadenó una serie de acciones violentas. El 27 de octubre, una multitud irrumpió en el cuartel de la Novena División del Ejército y sustrajo vehículos policiales.
Paralelamente, en diversos puntos de bloqueo, se reportó la presencia de militantes armados, y en Parotani, un ataque con dinamita dejó a un policía gravemente herido.
Otros hechos incluyeron la toma de dos unidades militares en el Trópico de Cochabamba, consolidando un panorama de tensión que llevó al Gobierno a reforzar la presencia policial en las áreas críticas.
Estas denuncias no solo golpean a los acusados, sino que exacerban las fracturas internas del MAS, ya dividido en facciones. La revelación de un caso de trata y tráfico de personas que involucra a Morales ha complicado aún más la situación, afectando su imagen pública.
La Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario, acusado de estupro en un caso de 2015, en el que la víctima, entonces menor de edad, quedó embarazada.
Más allá de las implicaciones legales, los hechos investigados han tenido un impacto económico significativo. Las millonarias pérdidas derivadas de los bloqueos afectaron la producción agrícola y el transporte de mercancías, incrementando la presión sobre el Gobierno para restablecer el orden.
Por otro lado, el MAS enfrenta un escrutinio sin precedentes, tanto dentro como fuera de Bolivia, generando dudas sobre su capacidad de liderar en el futuro. La percepción de una estructura partidaria vinculada a actos delictivos pone en riesgo su legado político y electoral de cara a 2025.
Las acusaciones contra la cúpula del evismo podrían marcar un antes y un después en la política boliviana. Mientras el Gobierno refuerza su postura de que nadie está por encima de la ley, la ciudadanía observa con escepticismo los avances de un proceso que podría redefinir el panorama político y social del país en los próximos años.
