SANTA CRUZ, 2 dic (El Libre Observador) – El sector agroindustrial de Bolivia, liderado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), expresó su preocupación por una disposición del proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que faculta al Gobierno a intervenir en las cadenas productivas para combatir el agio y la especulación.
Según los productores, la medida podría generar efectos adversos, como desánimo en los agricultores y un colapso en la producción nacional.
En un comunicado difundido este lunes, la CAO advirtió que las amenazas y restricciones incluidas en la normativa generan inseguridad para los pequeños, medianos y grandes productores, agravando la incertidumbre en el sector.
“La producción no depende de intimidaciones o intervenciones. Por el contrario, estas generan desánimo en los productores y resultados desastrosos en la oferta de alimentos”, destacó la organización.
CADENAS PRODUCTIVAS EN RIESGO
Según los agroindustriales, Bolivia ya enfrenta déficits significativos en productos básicos como arroz y maíz, lo que ha obligado al país a recurrir a importaciones masivas. Además, denunciaron que el contrabando sigue afectando gravemente a la economía nacional sin que las autoridades hayan implementado medidas efectivas para combatirlo.
“Combatir la especulación requiere aumentar la oferta, no amenazar a los productores. Las normativas actuales generan incertidumbre y se prestan a la presión y extorsión, perjudicando aún más a quienes trabajan en el sector”, enfatizó la CAO.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 otorga a las autoridades competencias para fiscalizar, confiscar y comercializar productos decomisados a precios justos. Según el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, estas medidas buscan frenar el agio y garantizar el acceso a productos básicos para la población.
“Esta normativa permitirá que las instituciones de todos los niveles de gobierno puedan controlar la cadena productiva para evitar el almacenamiento y encarecimiento injustificado de alimentos”, explicó Silva.
EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO
Especialistas señalan que la medida podría derivar en un desequilibrio económico si no se aplican estrategias claras que incentiven la producción local. Actualmente, los costos de insumos y el contrabando dificultan que los agricultores bolivianos compitan con mercados externos, lo que debilita aún más la economía nacional.
El caso del arroz, citado por Silva como ejemplo de especulación, ilustra la volatilidad en los precios. Según el viceministro, los comerciantes justifican los aumentos con rumores de escasez futura, creando un círculo vicioso que impacta al consumidor final.
Para la CAO, el reto radica en construir políticas que fomenten la estabilidad y seguridad productiva. “Intervenir indiscriminadamente las cadenas productivas puede marcar un punto de inflexión que afectará a toda la población”, concluyó el gremio.
