LA PAZ, 15 ene (El Libre Observador) — La destitución de Alan Lisperguer como ministro de Medio Ambiente y Aguas no sólo marca otro capítulo en el gabinete del gobierno de Luis Arce por hechos de corrupción, sino que también destapa un escándalo financiero de proporciones alarmantes.
Según las investigaciones lideradas por el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo, Lisperguer recibió depósitos en sus cuentas bancarias que alcanzaban le medio millón de bolivianos, mientras que su salario oficial como servidor público era de apenas 21.000 bolivianos.
El fiscal describió movimientos bancarios que no sólo son incompatibles con los ingresos de la exautoridad, sino que también vinculan a otros funcionarios públicos.
“Se evidenció depósitos que van desde mil hasta medio millón de bolivianos en nueve cuentas. Algunos provienen de un funcionario de la Gobernación de Cochabamba, quien realizó un giro de más de 200.000 bolivianos”, detalló.

La denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia expone un incremento patrimonial que desafía cualquier lógica.
Entre 2021 y 2024, cuando Lisperguer se desempeñaba como director de Ríos y Cuencas en el mismo ministerio, adquirió nueve inmuebles en Cochabamba, incluyendo departamentos y casas. Esta expansión patrimonial coincide con los depósitos irregulares detectados en sus cuentas.
El abogado Abel Loma, quien también impulsa la denuncia, señaló que las propiedades y los movimientos financieros no podrían justificarse con el salario del exministro, ni siquiera tomando en cuenta otros ingresos.

UN MINISTERIO BAJO LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua parece atrapado en un círculo vicioso de corrupción. Antes de Lisperguer, su predecesor, Juan Santos Cruz, también enfrentó acusaciones graves.
Santos Cruz fue denunciado por el cobro de millonarias coimas a constructoras, una red de corrupción. Actualmente, Santos Cruz cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.
Designado en marzo de 2024 tras la destitución de Santos Cruz, Lisperguer prometía una gestión transparente.
Sin embargo, menos de un año después, su remoción por parte del presidente Arce no sólo reafirma la determinación del Gobierno de actuar contra la corrupción, sino que también subraya la magnitud del problema estructural en esta cartera de Estado.
El fiscal Cardozo adelantó que las investigaciones podrían ampliarse, ya que existen registros de las personas que realizaron los depósitos a las cuentas de Lisperguer. Entre los implicados figuran funcionarios públicos, cuyas responsabilidades también serán evaluadas en el proceso judicial.
Por su parte, el exministro niega cualquier irregularidad y asegura que cuenta con la documentación necesaria para justificar sus movimientos financieros. “Tengo todos los descargos”, declaró Lisperguer a los medios tras su destitución.


