LA PAZ, 5 ene (El Libre Observador) — El Ministerio de Educación aprobó una nueva normativa que redefine la vida cotidiana en las aulas y patios escolares del país, desde la prohibición del uso de celulares durante las clases hasta un refuerzo explícito contra la discriminación, la violencia y las presiones económicas sobre las familias.
La Resolución Ministerial 01/2026, difundida este lunes, fija las Normas Generales para la Gestión Educativa y se aplica a todo el sistema escolar —público, privado y de convenio— en un intento por ordenar prácticas arraigadas y responder a debates que atraviesan a la sociedad boliviana, como el impacto de la tecnología en el aprendizaje y la desigualdad en el acceso a la educación.
La medida más visible es la prohibición “terminante” del uso de teléfonos celulares en el aula, tanto para estudiantes como para docentes, durante el desarrollo de las clases. El Gobierno sostiene que la restricción busca reducir distracciones y fortalecer la interacción pedagógica en un contexto de creciente dependencia digital, especialmente entre niños y adolescentes.
Pero el alcance de la norma va más allá de las pantallas. Se prohíben los actos de graduación en los ciclos preescolar y primaria. El texto impide exigir uniformes escolares de forma obligatoria y establece que ningún estudiante puede ser excluido por no vestirlos. También veta la imposición de compras de uniformes o materiales en comercios específicos y ordena respetar la vestimenta tradicional de estudiantes de pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos, en un país donde la diversidad cultural sigue siendo un eje sensible del debate educativo.
La resolución corrige además prácticas habituales en muchas escuelas. Se instruye a las direcciones evitar la retención de estudiantes por llegadas tardías y se eliminan los viajes de promoción en todo el sistema educativo. Las excursiones y actividades de servicio social solo podrán realizarse con autorizaciones expresas de autoridades educativas y con el consentimiento escrito de padres o tutores.
En un capítulo central, la normativa refuerza las prohibiciones contra la discriminación. Ninguna unidad educativa podrá rechazar la inscripción de estudiantes por motivos de religión, identidad de género, color de piel, situación económica, embarazo adolescente, discapacidad, pertenencia cultural o por la situación legal de sus padres. El texto obliga, además, a garantizar el acceso a la educación de hijos de migrantes, refugiados y familias diplomáticas.
La resolución endurece también las obligaciones frente a la violencia escolar. Directores, docentes y personal administrativo deberán denunciar de forma inmediata cualquier indicio de violencia física, psicológica o sexual, incluidos delitos como violación o acoso. La omisión de denuncia será considerada una falta sancionable, en un intento por romper la cultura del silencio en los entornos educativos.
En línea con una política de cuidado, se protege el derecho a la educación de estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad, prohibiendo su expulsión o exclusión y obligando a las escuelas a facilitar la continuidad de sus estudios. A ello se suma la regulación de los quioscos escolares, donde se restringe la venta de alimentos ultraprocesados y productos sin registro sanitario.
La norma también delimita el rol de los padres dentro de las unidades educativas. Se restringe su ingreso durante el horario de clases sin autorización y se prohíbe a las juntas escolares exigir aportes económicos para fiestas u otros gastos considerados innecesarios, así como intervenir en decisiones pedagógicas.
El calendario educativo fija las inscripciones entre el 19 y el 23 de enero, el inicio de clases el 2 de febrero y el cierre del año lectivo el 2 de diciembre de 2026. Con estas reglas, Bolivia apuesta a un sistema educativo más regulado, menos desigual y, al menos en el aula, desconectado de los celulares.
