LA PAZ, 24 ene (El Libre Observador) – En medio de un panorama económico complejo, el Gobierno de Bolivia ha decidido este viernes tomar medidas decisivas para enfrentar la creciente presión sobre el sector de la construcción y las finanzas públicas.
El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5321, que autoriza el ajuste de precios en materiales, maquinaria y combustibles utilizados en las obras públicas. La medida busca garantizar la continuidad y calidad de los proyectos en ejecución, considerados un pilar clave para la economía del país.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que la normativa permitirá renegociar contratos vigentes mediante modificaciones técnicas, financieras y legales. «Este ajuste es necesario debido a la inflación global, el encarecimiento de insumos y la volatilidad del mercado de divisas», destacó Montenegro.
Según el decreto, las empresas deberán presentar garantías equivalentes al 100% de los anticipos otorgados, asegurando un manejo transparente de los recursos.
Los ajustes serán aplicables hasta el 30 de mayo de 2025 y contemplan también la entrega de anticipos adicionales para mitigar la presión económica en proyectos estratégicos. La normativa abarca maquinaria que opera con diésel y gasolina, importados directamente o adquiridos a privados, un factor crítico en un contexto de escasez de divisas.
UN RESPIRO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
La aprobación del decreto fue bien recibida por representantes de las cámaras de construcción, quienes lo calificaron como un salvavidas para un sector que ha enfrentado incrementos sostenidos en costos y dificultades para acceder a insumos clave.
Los líderes del gremio señalaron que esta decisión refuerza la confianza en el Gobierno y da estabilidad a miles de empleos que dependen de la inversión pública.
“Es una medida que responde a las necesidades del país. La construcción es un motor económico que no puede detenerse”, afirmó un representante del sector durante la conferencia de prensa.
Este ajuste llega en un momento crítico para Bolivia, donde factores externos como la inflación global y las restricciones en la balanza de pagos han presionado a la economía nacional. Con reservas internacionales reducidas a mínimos históricos y una creciente incertidumbre en el mercado cambiario, el Gobierno busca demostrar que está dispuesto a actuar con flexibilidad para mantener el dinamismo económico.
Montenegro subrayó que la inversión pública sigue siendo el eje central de la estrategia económica del presidente Arce. “Es un mensaje claro a los actores económicos y sociales: el Gobierno está comprometido con la estabilidad y el desarrollo del país, incluso en medio de las adversidades”.
Este decreto no solo busca proteger la continuidad de las obras, sino también preservar la estabilidad económica y el bienestar de miles de familias bolivianas que dependen directa e indirectamente de este sector estratégico. La apuesta por la inversión pública, aunque desafiante, se mantiene como un baluarte para sostener la confianza en la economía del país.
