LA PAZ, 20 may (El Libre Observador) — A menos de tres meses de las elecciones generales en Bolivia, el proceso electoral atraviesa su momento más delicado. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó este martes una advertencia sin precedentes: los comicios del 17 de agosto están en riesgo debido a la proliferación de recursos judiciales y la falta de respaldo legal desde el Legislativo.
El diagnóstico no es técnico, es político, y retrata un clima de creciente inestabilidad institucional en el que el árbitro electoral se siente cercado y sin protección.
Los cuestionamientos surgieron con fuerza luego de que dos acciones constitucionales —una en Beni y otra en La Paz— pusieran en vilo la inscripción de la Alianza Popular, la fuerza que respalda la candidatura del senador Andrónico Rodríguez.
La misma jornada, otras decisiones judiciales sellaron la exclusión de Evo Morales de la contienda, al no lograr inscribir una sigla habilitada. La simultaneidad de estos hechos encendió las alarmas del TSE, que ve cómo se socava su autoridad y se abre un boquete de incertidumbre sobre el curso de las elecciones.
“Desde el momento en que el Legislativo no ha aprobado el proyecto de ley de preclusión y no incorpora a los vocales a la Ley 044, este proceso electoral y los venideros están en riesgo”, denunció el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe ante los medios.
El término preclusión —clave en cualquier calendario electoral— alude a la imposibilidad de reabrir etapas ya cerradas, como la inscripción de candidaturas. La falta de este blindaje legal deja al TSE vulnerable ante acciones judiciales de última hora, como las que sacudieron el tablero electoral boliviano en los últimos días.
Las declaraciones no se quedaron en el plano técnico. “Nos hacen marionetas. Hay unos hilos de arriba que quieren manejar al Órgano Electoral”, sentenció Quispe, en una crítica directa al sistema judicial, acusado de extralimitarse y de permitir la instrumentalización de los tribunales constitucionales para interferir en competencias exclusivas del TSE.
Desde la presidencia del ente electoral, el vocal Francisco Vargas fue más allá y dirigió un mensaje a la ciudadanía y a la comunidad internacional.
Afirmó que “se está poniendo en riesgo el sistema democrático” mediante “acciones legales que pretenden afectar el normal desarrollo de las elecciones”, y exhortó a los operadores judiciales a respetar el principio de preclusión y las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral como máxima autoridad en la materia.
La tensión institucional alcanzó al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien se pronunció públicamente para pedir que el sistema judicial dé “señales correctas” y respete la independencia del TSE. En sus palabras, “garantizar el desarrollo de un proceso electoral íntegro, competitivo y transparente es fundamental para dar certidumbre a la población boliviana”.
El núcleo del conflicto parece radicar en una falta de reforma legal y en la resistencia del Legislativo a aprobar el proyecto de ley de preclusión, que otorgaría al TSE herramientas claras para blindar su calendario electoral.
Además, los vocales electorales reclaman su incorporación formal a la Ley 044 —la norma que protege a otras autoridades del Estado contra presiones externas—, un pedido que fue respaldado por la OEA en su informe del 17 de diciembre de 2024, pero que hasta ahora ha sido ignorado.
Con estas fisuras expuestas, el escenario electoral boliviano avanza hacia agosto bajo un clima de inseguridad jurídica y desconfianza institucional. Las declaraciones del TSE no sólo buscan blindarse, sino también enviar un mensaje claro: si se desnaturaliza la autoridad electoral, lo que está en juego no es una elección, sino la arquitectura misma del sistema democrático boliviano.
