LA PAZ, 2 jun (El Libre Observador) — A menos de tres meses de las elecciones generales, Bolivia amaneció este lunes bajo una nueva ola de bloqueos de carreteras promovidos por sectores afines al expresidente Evo Morales para exigir su habilitación y contra la crisis económica.
Las protestas, que se concentran principalmente en el departamento de Cochabamba —bastión político del exmandatario—, han comenzado a aislar físicamente al país al interrumpir las rutas troncales que conectan el oriente con el occidente boliviano.
Los cortes de vía se instalaron desde la noche del domingo y este lunes ya sumaban al menos una decena de puntos críticos, según confirmó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos. Piedras, troncos y escombros han sido colocados en las principales carreteras, impidiendo el paso del transporte de carga y de pasajeros entre regiones clave como Santa Cruz, La Paz y Sucre.
“La instrucción desde la dirigencia evista es cercar Cochabamba y afectar la provisión de alimentos. Esta movilización no es espontánea ni económica, sino política, y castiga directamente a la población más vulnerable”, declaró Ríos en conferencia de prensa, al advertir que la situación podría deteriorarse aún más en los próximos días.
Las rutas bloqueadas incluyen la vía entre Cochabamba y Oruro, el acceso al Valle Alto, la carretera hacia Sucre y la antigua ruta hacia Santa Cruz.
Esta última es fundamental para el abastecimiento de productos del oriente boliviano, especialmente alimentos y combustibles. Las terminales de buses en La Paz y Santa Cruz suspendieron sus operaciones de forma parcial ante la imposibilidad de tránsito interdepartamental.
Aunque la movilización exige formalmente mejoras económicas —reclamando la subida de precios, la escasez de combustibles y la falta de dólares—, el epicentro político del conflicto gira en torno a la inhabilitación de Evo Morales como candidato presidencial.
El expresidente, impedido legalmente de postularse y sin un partido con personería jurídica, ha intensificado su discurso contra el gobierno de Luis Arce, al que acusa de traicionar el “proceso de cambio”.
El llamado a los bloqueos fue reiterado por Morales el domingo a través de sus redes sociales, en una acción interpretada por analistas políticos como un intento de presionar al sistema institucional para revertir su inhabilitación. La medida, sin embargo, agrava el desgaste social y añade presión al delicado equilibrio político del país.
La tensión escaló al punto de que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, advirtió públicamente sobre una eventual intervención de las Fuerzas Armadas en caso de que las protestas comprometan la estabilidad institucional y el proceso democrático. Es una señal de alerta que recuerda los escenarios de confrontación vividos en 2019.
Mientras tanto, gremios del transporte pesado, asociaciones cívicas y sectores empresariales preparan nuevas protestas a lo largo de la semana, sumándose a un ambiente de creciente agitación. Todos exigen respuestas urgentes a una crisis económica que ha venido escalando por la devaluación del boliviano, la escasez de divisas y el desabastecimiento intermitente de productos básicos.
En este contexto, Bolivia se encuentra atrapada en un doble cerco: uno físico, impuesto por los bloqueos de caminos; y otro político, marcado por una disputa interna dentro del oficialismo que amenaza con debilitar aún más la frágil institucionalidad democrática.
Con las elecciones previstas para el 17 de agosto, el calendario electoral avanza bajo la sombra de una conflictividad social que no cede y que empieza a dejar al país aislado, no solo en términos geográficos, sino también en su gobernabilidad.
