LA PAZ, 1 ago (El Libre Observador) — A 16 días de las elecciones generales, Bolivia ha puesto en marcha uno de los engranajes más complejos de su calendario democrático: la distribución simultánea de papeletas dentro y fuera del país.
En un clima aún cargado de desconfianza institucional tras la crisis electoral de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaja contra reloj para garantizar la logística de unos comicios que definirán el nuevo rumbo del país andino.
Este jueves comenzó oficialmente el envío del material electoral a 22 países donde residen votantes bolivianos, al tiempo que en el interior del país arrancó el armado de más de 34.000 maletas electorales.
Según confirmó el vocal del TSE Francisco Vargas, se han impreso ya las 7,9 millones de papeletas y “la distribución se encuentra en marcha en todo el país, bajo custodia de efectivos militares y policiales”.
Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Un total de 7.937.138 bolivianos están habilitados para votar el próximo 17 de agosto, de los cuales 369.931 residen en el extranjero. Argentina, España, Brasil, Chile y Estados Unidos concentran la mayor cantidad de electores fuera de las fronteras.
El operativo electoral incluye el traslado seguro del material, el control de calidad, el armado de las maletas y su posterior distribución a los 5.727 recintos electorales, una operación de precisión que debe completarse antes del día D.
La logística del TSE no es solo una cuestión técnica. También es un pulso simbólico: demostrar capacidad institucional frente a una ciudadanía aún escéptica, golpeada por los ecos del colapso electoral de 2019 —que derivó en la anulación de los comicios, la renuncia de Evo Morales y una transición convulsa que dejó heridas abiertas—. Desde entonces, cada proceso electoral en Bolivia se desarrolla bajo una lupa social, política e internacional.
“El calendario se está cumpliendo a rajatabla y solo nos quedan 16 días”, enfatizó el vocal del TSE Tahuichi Quispe, al confirmar que las papeletas ya están siendo enviadas a los países con votación en el exterior. El material se imprime en dos imprentas nacionales, ubicadas en La Paz y Sucre, y se ensambla en maletas que contienen desde las papeletas hasta señaléticas, listas índice, útiles electorales y el ánfora de votación.
Pero mientras la maquinaria electoral avanza, también lo hacen las tensiones. El propio Quispe advirtió recientemente que obstaculizar el proceso electoral constituye un delito penal.
La advertencia no es gratuita: sectores radicalizados —algunos cercanos a fracciones internas del Movimiento al Socialismo (MAS) o grupos opositores— han amenazado con sabotear la distribución del material e incluso con quemar ánforas durante la jornada electoral. Una escena que remite inevitablemente a los hechos de 2019, cuando cientos de recintos fueron atacados y documentos electorales destruidos en plena crisis poselectoral.
El artículo 238, inciso H de la Ley 026 del Régimen Electoral es claro: la obstaculización del proceso constituye delito electoral y puede conllevar penas de entre dos y cinco años de cárcel. “Eso lo tramitará de oficio el Ministerio Público”, recalcó Quispe.
Más allá del riesgo de sabotajes, el TSE carga también con el peso de fortalecer la confianza ciudadana. El sistema de Transmisión Rápida de Resultados (TREP), duramente cuestionado en las elecciones pasadas, estará nuevamente bajo el escrutinio público. A esto se suma la exigencia de neutralidad por parte de los órganos del Estado, una variable clave en un contexto donde el oficialismo y sus disidencias cruzan acusaciones de manipulación.
En juego no está solo la Presidencia y Vicepresidencia de la República, sino también la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, un factor determinante para la gobernabilidad futura. El equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo será crucial, sobre todo en un país que arrastra una fractura política y social que ni siquiera el ciclo post-Morales ha logrado cerrar.
Mientras tanto, los camiones cargados de esperanza y sospecha siguen recorriendo las carreteras del altiplano, del oriente y del sur boliviano, bajo resguardo militar, llevando en su interior las herramientas del voto. Herramientas frágiles, pero decisivas, en un país donde la democracia aún se juega cada elección como si fuera la última.
