LA PAZ, 4 dic (El Libre Observador) — Bolivia volvió a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un mecanismo de supervisión reforzada que sitúa al país bajo la lupa de la comunidad financiera global. La decisión, anunciada tras la actualización del listado de la Comisión Europea, supone un nuevo golpe para la credibilidad del sistema institucional boliviano y reabre un debate político que mezcla responsabilidades pasadas, fragilidad normativa y señales de alerta hacia los mercados.
El Gobierno del presidente Luis Alberto Arce había logrado, en su momento, evitar este estatus tras cumplir más del 90% de las recomendaciones técnicas del organismo; sin embargo, el país nunca consiguió aprobar una legislación integral contra la legitimación de ganancias ilícitas. Ese vacío —resultado de la anulación en 2021 de la Ley 1386, retirada entre protestas y tensiones políticas— terminó por arrastrar nuevamente a Bolivia al escrutinio internacional.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, responsabilizó de manera directa a las anteriores administraciones de Luis Arce y Evo Morales por haber “debilitado” la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Según su versión, el organismo fue utilizado como herramienta de persecución política, en detrimento de su papel técnico para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
“Descuidaron el verdadero motivo de la UIF, que era evitar que Bolivia vuelva a situaciones como la lista gris”, declaró durante la posesión del nuevo director de la entidad, Carlos Jáuregui.
La lectura internacional de la situación es contundente. La Comisión Europea añadió a Bolivia a su catálogo de jurisdicciones de alto riesgo —junto con las Islas Vírgenes Británicas— y retiró a otras seis naciones africanas, en una decisión alineada con los informes del GAFI tras sus plenarios de junio y octubre de 2025.
A partir de ahora, los bancos europeos deberán aplicar controles reforzados a cualquier operación con origen o destino en Bolivia, lo que podría traducirse en mayores costos transaccionales, retrasos y un aumento de requisitos regulatorios.
Para una economía ya tensionada por la caída de reservas internacionales, dificultades de liquidez y un creciente uso de divisas informales, el ingreso a la lista gris añade una capa más de complejidad. Expertos advierten que la percepción de riesgo puede desalentar inversiones, afectar líneas de crédito y deteriorar la relación del país con bancos corresponsales, fundamentales para operaciones de comercio exterior.
Ante este escenario, el Gobierno promete reconstruir la institucionalidad financiera. Espinoza asegura que la UIF “recuperará su carácter técnico” y que la nueva administración se enfocará en cerrar brechas normativas, actualizar protocolos y cumplir con estándares que —sostiene— fueron ignorados por razones políticas. “Bolivia debe perseguir con firmeza los flujos de dinero ilícito que dañan la imagen del país y deben ser desterrados”, afirmó.
Detrás del debate técnico, sin embargo, subyace una disputa política aún más profunda: la atribución de responsabilidades por el desmantelamiento de la arquitectura legal contra el lavado de activos. Mientras la actual gestión habla de “sabotaje legislativo” y falta de voluntad institucional, críticos del Gobierno recuerdan que la Ley 1386 cayó por la presión social, no por negligencia técnica.
