LA PAZ, 18 dic (El Libre Observador) — Bolivia ha cruzado una de las líneas rojas más sensibles de su historia reciente: el fin de la subvención a los hidrocarburos. El Gobierno confirmó este jueves que no dará marcha atrás a la eliminación del subsidio, una medida largamente postergada por sucesivas administraciones y que ahora ha desatado una oleada de protestas, paros sectoriales y advertencias de movilización sindical.
“Las medidas no son negociables”, sentenció el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en un mensaje dirigido tanto a los sectores movilizados como a una ciudadanía golpeada por la inflación y la incertidumbre económica. Para el Ejecutivo, el ajuste no es una opción ideológica, sino una imposición de la realidad fiscal. “No hay forma responsable de salir de la crisis si no se toman estas decisiones”, afirmó el ministro.
El detonante fue la promulgación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención generalizada a los carburantes y actualiza los precios internos. La reacción fue inmediata: transportistas de La Paz anunciaron un paro de 24 horas, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia y advirtió con movilizaciones si el decreto no es revertido.
Desde el Gobierno, sin embargo, el discurso es de punto final. Lupo defendió el ajuste como “lo mejor que se puede hacer” para evitar un colapso mayor y aseguró que el impacto será transitorio. “Esto va a pasar”, dijo, convencido de que las medidas comenzarán a mostrar resultados una vez que se estabilicen las cuentas públicas.
En su argumentación, el ministro trazó una línea de ruptura con las políticas económicas aplicadas durante las últimas dos décadas, bajo los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Calificó ese periodo como una etapa de decisiones “irresponsables” que, a su juicio, dejaron al país al borde de la inviabilidad. “De esto se hablaba incluso antes de que este gobierno asumiera. Todos sabían que no había otra salida”, sostuvo.
Lupo fue más allá y señaló a la subvención a los hidrocarburos —vigente durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce— como uno de los principales mecanismos de deterioro fiscal. La describió como “uno de los instrumentos utilizados para saquear al país”, junto con la creación de empresas públicas deficitarias que, según dijo, drenaron recursos sin generar retornos sostenibles.
“El gasto público excesivo solo ha beneficiado a unos cuantos que hacen contrabando”, afirmó, al justificar el fin del subsidio como una forma de cerrar fugas estructurales de dinero estatal. Para el Gobierno, mantener el esquema anterior habría conducido a Bolivia “a una ruta directa al fracaso, al empobrecimiento y a la destrucción”.
No obstante, el Ejecutivo intentó matizar el impacto social de la medida. Lupo aclaró que la gasolina mantiene un nivel de subvención parcial, al ser el combustible más utilizado por el transporte público y por su efecto directo sobre los precios de los productos básicos. Además, destacó que el decreto incluye medidas de alivio, como la reducción de aranceles a repuestos, llantas y baterías.
“La estabilidad es el primer paso para la recuperación económica”, insistió el ministro, al presentar el ajuste como el inicio de una etapa de ordenamiento macroeconómico. Pero en las calles, la narrativa es otra: sindicatos, transportistas y organizaciones sociales advierten que el aumento del combustible puede erosionar rápidamente el poder adquisitivo y reavivar un conflicto social de gran escala.
Bolivia enfrenta así una de las decisiones más impopulares —y políticamente costosas— de su historia reciente. El Gobierno ha optado por avanzar sin concesiones, consciente de que el precio del ajuste no solo se medirá en cifras fiscales, sino también en la temperatura de la calle y en la estabilidad política de los próximos meses.
