LA PAZ, 29 dic (El Libre Observador) — El conflicto por la eliminación de la subvención a los combustibles en Bolivia ha cruzado una nueva línea sensible: la educación. En medio de la segunda semana de protestas sindicales contra el Decreto Supremo 5503, el magisterio urbano advirtió que no iniciará el año lectivo 2026 si el Gobierno no abroga la norma, una amenaza que eleva la tensión social y pone en riesgo el regreso a clases previsto para febrero.
La advertencia fue lanzada por el representante del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, mientras docentes y otros sectores marchaban por el centro político de la capital. Consultado sobre si las movilizaciones afectarán el calendario escolar, Álvarez fue tajante: “Los maestros no vamos a iniciar clases si es que no se resuelve este tema del Decreto 5503”. La frase resonó con fuerza en un país donde la educación pública suele convertirse en termómetro de los conflictos económicos.
Las protestas, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), han sumado en los últimos días a mineros asalariados, trabajadores fabriles, transportistas, sectores de la micro y pequeña empresa y organizaciones sociales. Todos coinciden en la exigencia de derogar una norma que ajustó el precio de los carburantes y que, según los sindicatos, golpea el poder adquisitivo de las familias y encarece el costo de vida.
La amenaza de un inicio de gestión sin clases añade un componente particularmente delicado al pulso entre el Gobierno y los sectores movilizados. El inicio del año escolar está fijado para el lunes 2 de febrero de 2026, una fecha que ahora queda condicionada al desenlace del conflicto. Para miles de familias, el debate sobre los combustibles comienza a traducirse en una preocupación concreta: si sus hijos volverán o no a las aulas.
Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido mantener el calendario y reforzar el discurso de planificación. La ministra de Educación, Beatriz García, informó que su despacho trabaja en la normativa que definirá el calendario escolar y adelantó que se evalúan ajustes al currículo educativo. También anunció la instalación de mesas de diálogo con actores del sector para fortalecer la organización del año académico.
El Ministerio de Educación señaló que el calendario escolar se encuentra en fase de elaboración y será presentado oficialmente en los primeros días de enero, junto con la Resolución Ministerial 01-2026. En paralelo, el Gobierno prevé espacios de concertación para revisar la aplicación de la Ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez y adecuarla a las demandas actuales del sistema educativo.
Sin embargo, el margen de maniobra parece estrecho. El Ejecutivo insiste en que el Decreto Supremo 5503 forma parte de un nuevo modelo económico y ha reiterado que su abrogación no está en discusión. Del otro lado, los maestros y la COB advierten que la presión se mantendrá y que las medidas podrían radicalizarse si no hay una respuesta política.
A pocas semanas del inicio del nuevo año, Bolivia enfrenta así un escenario conocido, pero no por ello menos inquietante: un conflicto económico que se expande, una protesta que se prolonga y la educación pública convertida en rehén de una disputa que ya trasciende el precio de los combustibles y pone a prueba la capacidad de diálogo del Estado.
