LA PAZ, 9 ene (El Libre Observador) — La Central Obrera Boliviana (COB) retomó este viernes el diálogo con el Gobierno tras un cuarto intermedio decretado a mitad de semana, pero lo hizo sin flexibilizar su postura central: exige la abrogación total del Decreto Supremo 5503, eje de una protesta social que mantiene bloqueadas carreteras estratégicas y presiona la economía del país.
La reanudación de las conversaciones estuvo marcada por una señal política inusual. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, no acudió a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo, al encontrarse —según informó la organización— recorriendo puntos de bloqueo para socializar la posición sindical con las bases movilizadas. El gesto evidenció que la negociación institucional avanza en paralelo a una protesta que sigue activa en las calles y rutas.
“La posición se mantiene. Los dirigentes siempre vamos a respetar lo que dicen las bases”, afirmó Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), uno de los sectores con mayor peso dentro de la COB. “El pueblo se ha manifestado con claridad: el decreto 5503 debe abrogarse, así de claro y concreto”, remarcó.
El Gobierno, presionado por el impacto de los bloqueos, abrió en los últimos días la posibilidad de modificar 35 artículos del decreto cuestionado, una señal de flexibilidad que, sin embargo, fue considerada insuficiente por la central obrera. Para la COB, la norma debe derogarse en su integridad, y no ajustarse parcialmente, al considerar que sus disposiciones económicas son “inconstitucionales y entreguistas”.
Pese a los acercamientos, las medidas de presión continúan e incluso se han radicalizado en varios tramos carreteros, con efectos visibles en el transporte, el abastecimiento y las actividades productivas. Sectores empresariales, comerciales y de servicios comenzaron a expresar preocupación por el costo económico del conflicto, mientras el país acumula días de interrupciones logísticas.
Aun así, Paye insistió en que las organizaciones sociales no han cerrado la puerta al diálogo. “Todo escenario de conflicto se soluciona por la vía del diálogo. Nosotros estamos abiertos, vamos a escuchar y avanzar”, afirmó, subrayando que la negociación sigue siendo el canal preferente para alcanzar una salida política.
No obstante, el dirigente advirtió que, incluso si se logra la derogación del decreto, las movilizaciones no cesarán de inmediato. Las bases, dijo, mantendrán la presión hasta que el Ejecutivo retroceda en el conjunto de las medidas económicas contenidas en la norma, profundizando un pulso que combina negociación formal y presión social en las calles.
El retorno al diálogo, sin concesiones sustanciales por ahora, deja a Bolivia en un delicado equilibrio entre la búsqueda de consensos y la persistencia de un conflicto que ya trasciende el debate técnico del decreto para instalarse en el centro de la agenda política y social del país.
