LA PAZ, 20 ene (El Libre Observador) — Tras un inicio de gestión en noviembre del 2025 marcado por la escasez de combustibles y la fragilidad de las finanzas públicas, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira sostiene que Bolivia ha comenzado a transitar desde la crisis hacia una etapa de estabilidad, con proyecciones económicas más favorables para 2026 y 2027.
Así lo señala el informe presentado este martes por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que evalúa los primeros dos meses del nuevo Ejecutivo.
El documento oficial destaca como principales avances la normalización del suministro de gasolina y diésel, la recuperación gradual de las reservas internacionales y la estabilización del tipo de cambio, tres variables que, según el Gobierno, fueron decisivas para frenar la incertidumbre y recuperar la confianza en la economía.
En el plano fiscal, el Ejecutivo prevé una reducción progresiva del déficit, que se ubicaría en torno al 7% del producto interno bruto (PIB) en 2026 y descendería a un rango de entre el 3% y el 4% en 2027.
El ajuste, afirma el informe, se apoyará en una disminución del gasto en combustibles y en una reorganización del gasto salarial del Estado, que incluye la eliminación de ítems irregulares y una reducción de planillas de hasta un 30%.
La inflación es otro de los indicadores que el Gobierno confía en reconducir. Tras cerrar 2025 en torno al 20,5%, la administración de Paz proyecta que en 2026 los precios se moderarán a un rango de entre el 12% y el 17%. Para 2027, el objetivo es alcanzar una inflación de un solo dígito, acompañada de un crecimiento del PIB de entre el 3% y el 4%, siempre que se mantenga la actual línea de política económica.
El informe también anticipa un paquete de medidas de alivio tributario, cuyos proyectos de ley serán enviados a la Asamblea Legislativa en los próximos días. Entre las iniciativas figuran la eliminación de multas e intereses para deudas tributarias generadas hasta 2025 por fiscalizaciones consideradas abusivas, así como la universalización del crédito fiscal, con el reconocimiento pleno del crédito de las facturas de combustible.
En paralelo, el Ejecutivo plantea avanzar hacia una reducción de las alícuotas del IVA y del impuesto a las utilidades de las empresas, aunque admite que estas reformas requieren consensos con alcaldías y otros niveles de gobierno. Como medida inmediata, ya se implementó el arancel cero para equipos electrónicos, con el compromiso de extenderlo a electrodomésticos de línea blanca.
En materia de financiamiento externo, el Gobierno asegura contar con más de 8.000 millones de dólares en líneas de crédito aprobadas, entre las que destaca un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 4.500 millones de dólares.
Según el Ejecutivo, estos recursos estarán destinados a recomponer las reservas del Banco Central y a financiar proyectos productivos y de infraestructura, y no a gasto corriente ni a la importación de combustibles.
“El proceso de estabilización no es un punto de llegada, sino el primer paso hacia una recuperación sostenida”, subraya el informe oficial. El desafío, reconocen fuentes del propio Gobierno, será convertir el optimismo de las proyecciones en resultados tangibles, en una economía que aún arrastra desequilibrios estructurales y una fuerte sensibilidad social al ajuste.
