LA PAZ, 8 abr (El Libre Observador) — En el corazón agrícola de Santa Cruz de la Sierra, entre tractores relucientes y pabellones repletos de semillas, maquinaria y ganado, el presidente de Rodrigo Paz firmó este miércoles una ley que busca alterar una de las bases más sensibles de la economía boliviana que es la relación entre la tierra y el crédito.
La escena no fue casual. En la inauguración de la feria Agropecruz 2026, vitrina del músculo productivo del país, el mandatario eligió lanzar un mensaje directo al sector rural: el Estado pretende dejar de ser un muro burocrático para convertirse en un facilitador del crecimiento.
La Ley 157 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir la pequeña propiedad titulada en mediana propiedad, un cambio técnico que, en la práctica, podría redefinir el acceso al sistema financiero para miles de productores. Hasta ahora, el tamaño reducido de muchas parcelas —de apenas tres o cuatro hectáreas— las mantenía al margen del crédito formal, atrapadas en una economía de subsistencia.
“En el fondo, esto es crédito rural”, resumió Paz con una frase que, más allá de su sencillez, encierra la apuesta política de la medida: transformar la tierra en una llave de acceso al financiamiento.
El peso de una historia agraria fragmentada
Bolivia arrastra desde hace décadas una estructura agraria marcada por el minifundio en amplias zonas del occidente y la concentración de tierras en el oriente. Esa dualidad ha generado tensiones políticas y económicas, pero también ha limitado la capacidad productiva de miles de pequeños agricultores, incapaces de escalar su producción o acceder a inversión.
La nueva ley propone una salida pragmática. La reconversión será voluntaria, gratuita y rápida: bastará una solicitud escrita y una declaración jurada para que el INRA actualice la clasificación en un plazo máximo de diez días. A partir de ese momento, la tierra podrá ser utilizada como respaldo para créditos, abriendo una puerta que hasta ahora permanecía cerrada.
Sin embargo, el cambio no es solo administrativo. Durante diez años, las propiedades reconvertidas estarán bajo la lupa de la Función Económica Social (FES), un mecanismo que obliga a demostrar que la tierra cumple un rol productivo. En otras palabras, el acceso al crédito vendrá acompañado de la presión por producir.
Del discurso a la productividad
El trasfondo de la medida es también un ajuste de narrativa. Durante años, el discurso oficial giró en torno a la defensa de los recursos naturales y la protección de la tierra frente a la lógica del mercado. Hoy, el énfasis se desplaza hacia la productividad, la inversión y la autonomía económica.
“No van a depender del empresario, sino de sus propias capacidades”, afirmó el presidente, en una declaración que busca conectar con una base rural históricamente desconfiada del sistema financiero y de las élites económicas.
La ley llega en un momento en que el país intenta reactivar su economía tras años de desaceleración, restricciones de divisas y presión fiscal. En ese contexto, el campo aparece como un motor potencial, siempre que se liberen los nudos que han frenado su desarrollo.
Una apuesta con riesgos y expectativas
La promesa es ambiciosa: convertir a pequeños propietarios en sujetos de crédito, capaces de invertir, producir y crecer. Pero el camino no está exento de incertidumbres. El acceso al financiamiento dependerá no solo de la nueva clasificación de la tierra, sino también de la disposición del sistema bancario a asumir riesgos en un entorno económico aún inestable.
Para algunos analistas, la medida podría marcar un punto de inflexión si logra traducirse en mayor productividad y dinamismo rural. Para otros, será apenas un primer paso en un proceso más complejo que exige reformas complementarias en mercados, infraestructura y seguridad jurídica.
En los pasillos de Agropecruz, entre el optimismo empresarial y la cautela de los pequeños productores, la ley comienza a ser leída como una señal: Bolivia intenta, una vez más, redefinir su modelo económico desde la tierra. Y en ese intento, el crédito —esa palabra esquiva para el mundo rural— se convierte en el eje de una nueva promesa de desarrollo.
