LA PAZ, 29 abr (El Libre Observador) — Las carreteras de Bolivia, arterias vitales de un país sin salida al mar, vuelven a perfilarse como escenario de presión política. Esta vez, el pulso lo marca el transporte. Los choferes sindicalizados han decidido este miércoles llevar su malestar a una escala nacional con un paro de 24 horas y bloqueos a partir del 5 de mayo, en lo que podría convertirse en una paralización indefinida si no obtienen respuestas.
La decisión, adoptada por la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, no es solo una medida sindical. Es una advertencia. “Ya no podemos seguir viviendo de promesas”, lanzó su dirigente, Lucio Gómez, al anunciar un plan de presión que escalará progresivamente desde 24 horas, luego 48, 72 horas y, si persiste el desacuerdo, un paro indefinido.
El mensaje tiene un destinatario claro como al Gobierno que enfrenta crecientes tensiones por el abastecimiento de combustibles y el desgaste de la infraestructura vial. Pero también tiene un eco más amplio. El transporte en Bolivia no es un actor cualquiera. Es un sector con capacidad de inmovilizar ciudades, cortar rutas estratégicas y, en cuestión de horas, alterar el ritmo económico del país.
Las demandas condensan un malestar acumulado. La falta de combustible, intermitente pero persistente, ha erosionado la confianza del sector. A ello se suma una denuncia que ha calado hondo entre los transportistas: la supuesta mala calidad de la gasolina, a la que no dudan en llamar “basura”, y que, aseguran, ha provocado daños en motores y pérdidas económicas.
El deterioro de las carreteras completa el cuadro. Viajar más lento, gastar más en mantenimiento y asumir mayores riesgos se ha convertido en parte de la rutina para miles de conductores. A eso se añade la dificultad de acceder al Gas Natural Vehicular, una alternativa que no logra expandirse al ritmo de la demanda por falta de cilindros.
En ese contexto, el conflicto trasciende lo técnico y se adentra en lo político. Los choferes han fijado líneas rojas: no aceptarán incrementos en el precio de los combustibles ni una eventual privatización de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), un símbolo de soberanía energética en el país.
La estrategia es conocida en Bolivia, pero no por ello menos efectiva. Los bloqueos, en ciudades, carreteras y fronteras, son una herramienta de presión que históricamente ha obligado a los gobiernos a negociar. Esta vez, el alcance promete ser nacional, con impacto directo en el abastecimiento, el comercio y la vida cotidiana.
Mientras tanto, el diálogo sigue siendo una posibilidad incierta. Los transportistas han convocado a ministros clave y al propio presidente, en un intento de abrir una negociación que, por ahora, no tiene fecha ni garantías.
