LA PAZ, 26 may (El Libre Observador) — En las accidentadas calles de La Paz, donde el transporte público es el pulso cotidiano de la ciudad, el silencio del transporte público comienza a sentirse como otra señal del deterioro que atraviesa Bolivia. Este martes, los choferes anunciaron un paro indefinido, ampliando una crisis que ya bloquea carreteras, vacía surtidores y alimenta la sensación de un país atrapado entre la protesta social y la parálisis estatal.
La decisión fue asumida por la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, una de las organizaciones de transporte más influyentes del occidente boliviano, en medio del creciente malestar por la escasez de combustible, el aumento del costo de vida y los incumplimientos atribuidos al Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
El dirigente sindical Edson Valdez informó que la medida comenzará a regir desde la medianoche y será acompañada por movilizaciones en distintos puntos del departamento de La Paz.
Aunque el paro nace de demandas sectoriales, su trasfondo refleja el creciente desgaste político y económico que vive Bolivia tras casi un mes de bloqueos y protestas impulsadas por organizaciones sindicales, campesinas e indígenas.
Los choferes denuncian que la falta de gasolina y diésel ya volvió insostenible su actividad. Muchos pasan horas, e incluso días, haciendo fila frente a estaciones de servicio para conseguir combustible suficiente para trabajar apenas unas horas.
“El problema ya no es solo del transporte; es de toda la población”, afirmó Santos Escalante, quien explicó que los choferes también protestan por el incremento del precio de los alimentos y la falta de respuestas oficiales frente a la crisis.
La organización demanda además el diferimiento de créditos bancarios para un sector golpeado por semanas de paralización y reducción de ingresos.
En Bolivia, donde buena parte de la economía urbana depende del transporte sindicalizado, un paro indefinido de choferes tiene un impacto inmediato sobre la vida diaria. Miles de trabajadores dependen de minibuses y trufis para desplazarse entre las ciudades de La Paz y El Alto, un gigantesco enclave urbano donde el transporte público suele operar como la única alternativa de movilidad masiva.
La protesta amenaza además con profundizar el aislamiento de una ciudad ya afectada por el cerco carretero impuesto por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos y grupos indígenas que mantienen más de un centenar de puntos de bloqueo en distintas regiones del país.
Las movilizaciones comenzaron con reclamos salariales y demandas económicas, pero evolucionaron rápidamente hacia exigencias políticas más radicales, incluyendo pedidos de renuncia del mandatario.
Según dirigentes del transporte, las bases incluso presionaban para incorporar oficialmente la demanda de dimisión presidencial a la protesta. Sin embargo, la dirigencia decidió evitar una consigna abiertamente política para no “politizar” el conflicto.
Pero en las calles de La Paz la frontera entre crisis económica y crisis política parece cada vez más difusa.
Las largas filas por combustible, el encarecimiento de productos básicos y el temor a un mayor desabastecimiento alimentan una atmósfera de agotamiento colectivo. Comerciantes, transportistas y ciudadanos comienzan a expresar abiertamente frustración frente a un conflicto que el Gobierno todavía no logra contener ni mediante operativos policiales ni a través del diálogo.
