LA PAZ, 15 jun (El Libre Observador) — Las carreteras vacías suelen ser una buena noticia para los transportistas. En Bolivia ocurre lo contrario. Desde hace semanas, cientos de kilómetros de rutas permanecen interrumpidos por bloqueos que han paralizado el transporte de mercancías, frenado la actividad económica y agravado una crisis que ya golpeaba a uno de los países más vulnerables de Sudamérica.
El costo de esa parálisis comienza a medirse en cifras difíciles de ignorar. Más de 2.500 millones de dólares en pérdidas acumuladas, según cálculos del sector empresarial. Pero detrás de ese número se esconde una realidad más compleja con fábricas que trabajan a medias, pequeños negocios que no logran vender, productores que no pueden sacar su mercancía y familias que pagan cada vez más por los alimentos básicos.
“Hoy somos un país más pobre que hace dos meses”, resumió este lunes Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), al presentar una evaluación de los efectos económicos de los bloqueos. La frase sintetiza una preocupación creciente en el sector productivo: que el daño provocado por la conflictividad social termine prolongándose mucho después de que se despejen las carreteras.
Bolivia atraviesa una coyuntura particularmente delicada. La escasez de combustibles, la presión sobre las reservas internacionales, la desaceleración económica y el aumento del costo de vida ya habían reducido el margen de maniobra de empresas y hogares. Los bloqueos, sostienen los empresarios, han añadido una nueva capa de incertidumbre a un escenario cada vez más frágil.
Las consecuencias se sienten en toda la cadena económica. Los camiones cargados con productos agrícolas permanecen detenidos durante días. Los mercados reciben menos alimentos y los precios suben. Las industrias tienen dificultades para abastecerse de insumos y repuestos. Los exportadores enfrentan retrasos que ponen en riesgo contratos internacionales construidos durante años.
“La gente suele pensar que los bloqueos perjudican únicamente al Gobierno, pero terminan afectando a toda la población”, explicó Rodríguez. Según el ejecutivo, las restricciones a la libre circulación reducen la actividad comercial y productiva, limitan la inversión y deterioran la generación de empleo.
El impacto resulta especialmente severo para las pequeñas unidades productivas, muchas de ellas concentradas en ciudades como El Alto, uno de los motores económicos del país. Miles de talleres, microempresas y emprendimientos familiares dependen de ingresos diarios para sobrevivir. Cuando las ventas se detienen durante semanas, el riesgo de cierre definitivo deja de ser una posibilidad remota.
Las pérdidas también alcanzan al comercio exterior, uno de los sectores que más divisas aporta a una economía necesitada de dólares. La interrupción de rutas dificulta tanto las exportaciones como la llegada de maquinaria, repuestos e insumos indispensables para mantener la producción. En algunos casos, los retrasos amenazan con incumplimientos contractuales que podrían afectar la credibilidad de Bolivia en mercados internacionales.
El sector industrial estima que el impacto económico de los bloqueos equivale ya a más del 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, para el IBCE, el problema más preocupante no es únicamente la pérdida inmediata de recursos, sino el deterioro de las expectativas económicas.
“El país crecerá menos o incluso podría decrecer, y cuando la economía se reduce mientras la población sigue aumentando, el resultado es más pobreza”, advirtió Rodríguez.
Ante ese panorama, los empresarios plantean medidas de emergencia que incluyan reprogramación de deudas, alivios tributarios, apoyo financiero a las empresas y mecanismos para proteger el empleo. También piden programas que permitan sostener el consumo de los hogares más afectados.
La discusión, sin embargo, trasciende el debate económico. En Bolivia, los bloqueos han sido históricamente una de las herramientas de presión política más eficaces. Han tumbado gobiernos, obligado a negociar a presidentes y modificado decisiones de Estado. Pero en un contexto marcado por la desaceleración económica y la fragilidad fiscal, el costo de esa estrategia parece cada vez más alto.
Mientras las negociaciones para resolver los conflictos avanzan lentamente y los cortes de ruta continúan en varios puntos del país, el balance comienza a reflejarse en indicadores concretos y en la vida cotidiana de millones de bolivianos. Menos producción, menos comercio, menos empleo y precios más elevados.
La conclusión del sector empresarial es tan sencilla como inquietante, pues cada día de bloqueo no solo detiene el tránsito en las carreteras, sino que también profundiza la sensación de que la economía boliviana se encuentra atrapada en un círculo de menor crecimiento, mayor inflación y creciente pobreza.
