LA PAZ, 2 jul (El Libre Observador) — Apenas una semana después de abandonar el régimen de tipo de cambio prácticamente fijo que marcó la economía boliviana durante más de una década, el Gobierno enfrenta un desafío que trasciende las cifras macroeconómicas: evitar que el temor se convierta en un nuevo motor de la inflación.
Con ese objetivo, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, lanzó este jueves un mensaje dirigido tanto a consumidores como a comerciantes. «No caer en la especulación», pidió la autoridad, al rechazar las advertencias que pronostican un incremento inmediato y generalizado de los precios tras la entrada en vigor del nuevo sistema de tipo de cambio flexible.
La preocupación no es menor. Bolivia atraviesa una prolongada escasez de divisas, dificultades para importar combustibles e insumos y una creciente presión sobre los precios. En ese escenario, cualquier modificación del régimen cambiario suele traducirse en expectativas de inflación, incluso antes de que sus efectos reales alcancen a la economía cotidiana.
Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que, esta vez, la realidad del mercado es distinta. Según Espinoza, buena parte de los productos importados ya venía calculando sus costos con un dólar superior al tipo de cambio oficial, debido a las restricciones para acceder a la moneda estadounidense y al desarrollo de un mercado paralelo que, desde hace meses, se convirtió en la referencia para numerosos operadores económicos.
«Gran parte de los productos importados ya incorporó ese ajuste en sus costos. Por lo que no debería haber nuevos incrementos por efecto del tipo de cambio», afirmó el ministro, al argumentar que el nuevo esquema simplemente acerca el valor oficial de la divisa a una realidad que el mercado ya había internalizado.
El cambio representa uno de los giros económicos más importantes desde 2011. La reforma dejó atrás el sistema de cotización prácticamente fija del boliviano frente al dólar y otorgó al Banco Central la facultad de establecer diariamente el tipo de cambio de acuerdo con la oferta y la demanda de divisas dentro del sistema financiero.
La decisión busca responder a una crisis que se fue profundizando en los últimos años. La caída de las reservas internacionales, la disminución de los ingresos por exportación de gas natural y la persistente escasez de dólares terminaron por poner bajo presión un modelo cambiario que durante años fue presentado como uno de los pilares de la estabilidad económica boliviana.
Pero la experiencia internacional muestra que las reformas cambiarias también se libran en el terreno de las expectativas. Cuando comerciantes y consumidores anticipan mayores costos, los precios pueden aumentar incluso antes de que existan cambios efectivos en la estructura de importaciones o producción.
Consciente de ese riesgo, Espinoza apeló a la responsabilidad de los distintos actores económicos.
«Este no es un momento para especular con la economía de la gente», afirmó. A su juicio, quienes aprovechen la incertidumbre o la desinformación para remarcar precios sin una justificación objetiva terminan trasladando un costo innecesario a los hogares bolivianos.
El mensaje fue pronunciado tras una reunión con representantes del sector agropecuario en Santa Cruz, el principal motor agrícola del país. Allí, el Gobierno y los productores centraron sus conversaciones en otro de los frentes más sensibles de la economía: garantizar el abastecimiento de diésel para la campaña agrícola de invierno.
La disponibilidad de combustibles se ha convertido en un factor decisivo para la producción de alimentos. Un suministro insuficiente podría afectar las labores de siembra y cosecha, presionar los costos del sector y trasladar nuevas tensiones al mercado interno, precisamente cuando las autoridades buscan impedir que el cambio del régimen cambiario derive en una espiral inflacionaria.
En los próximos meses, el éxito de la reforma dependerá no solo del comportamiento del nuevo tipo de cambio o de la capacidad del Banco Central para estabilizar el mercado de divisas. También estará condicionado por la confianza de empresas, productores y consumidores en que el nuevo sistema permitirá corregir los desequilibrios acumulados sin desencadenar un deterioro acelerado del costo de vida.
