LA PAZ, 23 jul (El Libre Observador) — La riqueza mineral y gasífera ha sido durante décadas la gran promesa inconclusa de Bolivia. Sentado sobre una de las mayores reservas de recursos naturales de Sudamérica, el país ha visto cómo sus vecinos, Chile y Perú, consolidaban industrias extractivas capaces de atraer miles de millones de dólares en inversiones y exportaciones, mientras la producción boliviana perdía dinamismo y el gas, durante años el principal motor de la economía, entraba en un prolongado declive.
Con ese telón de fondo, el presidente Rodrigo Paz anunció este jueves una batería de reformas que pretende cambiar las reglas del juego y redefinir el papel del Estado y de la inversión privada en dos de los sectores más estratégicos del país.
El anuncio, realizado durante la inauguración de la avenida Panorámica en la ciudad de El Alto, va mucho más allá de una modificación legislativa. Representa el intento más ambicioso del nuevo Gobierno por replantear el modelo económico heredado de casi dos décadas de fuerte intervención estatal en los sectores extractivos, en un momento en que Bolivia enfrenta una menor producción de gas, una persistente escasez de divisas y crecientes necesidades de financiamiento para sostener el crecimiento.
Paz propuso acelerar la aprobación de una nueva Ley de Minería y una nueva Ley de Hidrocarburos con el propósito de atraer inversiones, incrementar la producción y recuperar competitividad frente a otros productores regionales. El mandatario sostuvo que Bolivia está desaprovechando una riqueza natural excepcional.
«Perú mueve cerca de 50.000 millones de dólares al año y Chile alrededor de 65.000 millones. Bolivia, sumando todos sus departamentos, apenas genera unos 6.000 millones de dólares, siendo uno de los países más ricos en recursos naturales», afirmó.
La comparación con los dos grandes referentes mineros de Sudamérica no fue casual. Mientras Chile mantiene uno de los mayores mercados mundiales del cobre y Perú continúa ampliando su capacidad exportadora de minerales, Bolivia ha visto disminuir su producción de gas natural, reducir sus exportaciones energéticas y perder parte del atractivo que durante años ejerció sobre la inversión extranjera.
La estrategia del Ejecutivo pasa por introducir un modelo más flexible en el que empresas públicas y privadas compartan un mayor protagonismo. Paz aseguró que las compañías estatales continuarán operando cuando sean eficientes, pero defendió la necesidad de crear condiciones para que el capital privado vuelva a invertir en exploración, explotación y desarrollo de nuevos proyectos.
La propuesta también busca atacar uno de los problemas más persistentes del sector minero boliviano: la expansión de la minería ilegal y la explotación sin controles ambientales. El Gobierno plantea una legislación que incentive una producción formal, sostenible y con mayores estándares ambientales, al tiempo que incremente la recaudación fiscal.
Pero la reforma no se limita a atraer inversiones. También pretende modificar la forma en que se distribuyen los ingresos generados por los recursos naturales. Paz defendió un esquema denominado «50-50», con el que busca aumentar la participación de gobernaciones y municipios en las regalías provenientes de la minería y los hidrocarburos.
El mandatario insistió, sin embargo, en que una mayor descentralización financiera deberá ir acompañada de una transformación del aparato estatal. «No basta con distribuir más recursos; hay que administrar mejor el dinero público», afirmó al cuestionar un modelo que, según dijo, «gasta mucho y produce poco».
Las reformas llegan en un momento políticamente complejo. El Gobierno enfrenta una Asamblea Legislativa más fragmentada tras el distanciamiento de uno de sus principales aliados, lo que obliga al Ejecutivo a construir nuevos consensos para aprobar un paquete de leyes considerado esencial para su programa económico.
Más allá del debate parlamentario, la iniciativa refleja un cambio de discurso en la política económica boliviana. Después de años en los que la nacionalización fue el eje de la estrategia sobre los recursos naturales, el Gobierno apuesta ahora por una combinación de inversión privada, empresas públicas y mayor autonomía regional como fórmula para recuperar la producción y devolver al país un papel más relevante en el mapa energético y minero de América Latina.
La incógnita es si esas reformas llegarán a tiempo para revertir la pérdida de competitividad de Bolivia y convencer a los inversionistas internacionales de que el país vuelve a ofrecer un horizonte estable para desarrollar proyectos de largo plazo en un mercado regional cada vez más disputado.
