LA PAZ, 31 ago (El Libre Observador) — El presidente Rodrigo Paz ha decidido explicar una de las medidas más difíciles de su Gobierno con una interrogante “qué prefiere Bolivia, seguir gastando millones de dólares para mantener barato el combustible o utilizar ese dinero para construir escuelas, hospitales, carreteras y sistemas de agua”. El dilema, presentado este lunes ante alcaldes de Santa Cruz, resume la batalla política que se abre alrededor del fin de la subvención a los carburantes.
Paz no habló de una medida técnica ni de una simple corrección de precios. Habló de familias, de niños que llegan a las escuelas con problemas de nutrición y de comunidades que todavía carecen de servicios básicos. El presidente intentó trasladar así la discusión desde el surtidor hacia el destino final del dinero público.
Según sus cifras, Bolivia desembolsa entre 50 y 60 millones de dólares cada diez días para sostener la subvención. Para el mandatario, mantener ese gasto tiene un costo que pocas veces aparece en las facturas: son recursos que dejan de llegar a obras municipales, hospitales, carreteras o proyectos de agua.
“Hay que sincerar la economía”, insistió Paz, que ha convertido esa expresión en una de las ideas centrales de su discurso económico. El Gobierno sostiene que el precio subsidiado de los carburantes ha terminado alimentando el contrabando y la corrupción y que el Estado no puede continuar pagando una diferencia que, en buena parte, beneficia a quienes desvían combustible hacia mercados ilegales.
El argumento presidencial busca tocar una fibra más profunda que la economía. Paz habló de un 40 % de bolivianos que, según afirmó, no dispone de un baño adecuado ni de agua limpia. Relacionó esa carencia con problemas de nutrición infantil y aprendizaje. La subvención, en su relato, deja entonces de ser solamente una política de precios y pasa a representar una elección entre mantener un beneficio inmediato o financiar necesidades que, a su juicio, condicionan el futuro del país.
La metáfora familiar apareció de manera explícita. Un padre o una madre, sostuvo, a veces debe tomar decisiones difíciles pensando en el futuro de sus hijos. Paz pretende que Bolivia asuma esa misma lógica: aceptar ahora un ajuste que puede ser doloroso para liberar recursos y corregir una distorsión que considera insostenible.
Pero el problema es que el combustible no es una variable aislada. Su precio atraviesa prácticamente toda la economía. El diésel mueve camiones, maquinaria agrícola y buena parte de las cadenas de distribución. Un incremento repercute sobre el transporte, la producción y, finalmente, sobre los alimentos que llegan a los mercados.
Ahí reside la dificultad política del proyecto. El Gobierno puede presentar la subvención como un agujero fiscal y un incentivo al contrabando, pero para millones de ciudadanos el precio del carburante se percibe de una manera mucho más concreta: como un componente de la vida cotidiana y del costo de llegar a fin de mes.
Paz sabe que la discusión será incómoda. Por eso pidió este lunes que alcaldías, gobernaciones y dirigentes acompañen el proceso. No apeló solamente a las estructuras políticas, sino a quienes, según dijo, comprenden que algunas decisiones difíciles son necesarias para alcanzar un futuro mejor.
El presidente también endureció el tono contra quienes se benefician del comercio ilegal de carburantes. Afirmó que no se puede continuar “haciendo ricos” a quienes contrabandean combustibles mientras el Estado carece de recursos suficientes para atender otras necesidades.
La discusión llega cuando Bolivia intenta salir de una crisis económica marcada por la escasez de divisas, las dificultades de abastecimiento y la presión sobre las cuentas públicas. El Gobierno ha comenzado a desmontar parte del esquema que durante años mantuvo contenidos los precios internos de los carburantes y enfrenta el desafío de evitar que la corrección se transforme en una nueva fuente de conflicto social.
La promesa presidencial es que el sacrificio tendrá un destino visible. Paz habló de escuelas, hospitales, carreteras y agua. También aseguró que este será el año de “ordenar la casa”, una expresión que utiliza para describir el proceso de reformas económicas que pretende impulsar.
El problema será demostrar que los recursos liberados por la subvención realmente llegan a esos objetivos. Para una población acostumbrada durante años a precios artificialmente bajos, la promesa de un beneficio futuro deberá competir con un impacto que puede sentirse de inmediato.
La batalla, por tanto, no se librará únicamente en los surtidores. Se librará también en el relato que consiga imponerse: el del Gobierno, que presenta el subsidio como una distorsión que empobrece al Estado, o el de quienes temen que su eliminación termine trasladando el costo de la crisis a los hogares.
Paz ha elegido asumir el riesgo. Su apuesta consiste en convencer a los bolivianos de que retirar la subvención no significa quitarles un derecho, sino recuperar recursos para construir un país con mejores servicios y oportunidades.
La pregunta que dejó ante los alcaldes cruceños parece sencilla. La respuesta, en cambio, puede definir buena parte de su Gobierno: cuánto está dispuesta Bolivia a pagar hoy para intentar construir el futuro que su presidente promete mañana.
