LA PAZ, 3 sep (El Libre Observador) — Las bancadas de Senadores y Diputados han alcanzado un acuerdo para acelerar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, una iniciativa que llega cuando el país intenta salir de una de sus etapas económicas más difíciles y el Gobierno de Rodrigo Paz busca cambiar las reglas para atraer capital, reordenar el Estado y recuperar margen de maniobra.
Con más de cinco iniciativas de reformas, Bolivia ha abierto una de esas discusiones que rara vez terminan siendo solamente jurídicas. El anuncio del presidente del Senado, Diego Ávila, convierte una suma de proyectos dispersos en una ruta política común.
La propuesta comenzará a discutirse en el Senado y después deberá pasar por Diputados antes de llegar al pleno de la Asamblea Legislativa, donde necesitará dos tercios de los votos presentes. Si supera esa prueba, la decisión final quedará en manos de los ciudadanos mediante un referéndum.
No es un detalle menor. La Constitución boliviana vigente nació en 2009, durante el Gobierno de Evo Morales, y consagró un modelo de Estado que otorgó un papel central al sector público, a la soberanía sobre los recursos naturales y a determinadas garantías económicas y sociales. Diecisiete años después, una nueva mayoría política pretende revisar algunas de esas bases.
El proyecto impulsado por Ávila y el diputado Carlos Alarcón propone retirar rango constitucional a alrededor de una treintena de artículos y trasladar varias materias al ámbito de las leyes ordinarias.
Entre los asuntos afectados figuran normas relacionadas con la justicia, el Ministerio Público, las inversiones, la minería, los hidrocarburos, el agua y la energía. La propuesta también plantea incorporar mecanismos de arbitraje internacional para resolver determinadas controversias con inversores.
El alcance explica por qué el debate trasciende las paredes del Parlamento. En realidad, lo que comienza a discutirse es cuánto Estado quiere conservar Bolivia y cuánto espacio pretende entregar al capital privado nacional y extranjero. También está en juego quién tendrá capacidad para modificar en el futuro esas reglas: una Constitución rígida, diseñada para proteger determinados principios, o una legislación ordinaria más fácil de cambiar según las mayorías políticas.
El argumento de los impulsores es que existen “candados constitucionales” que dificultan la inversión y frenan la modernización institucional. En un país golpeado por la escasez de combustibles, la falta de divisas, la presión sobre el tipo de cambio y el deterioro de las cuentas públicas, la reforma aparece vinculada a una urgencia económica más amplia.
El Gobierno negocia además un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por unos 1.900 millones de dólares, cuya aprobación aún está pendiente, mientras crece la resistencia social a las medidas de ajuste asociadas a la crisis de combustibles.
Ese contexto convierte la reforma constitucional en algo más que una operación legislativa. Paz necesita reconstruir confianza económica al mismo tiempo que enfrenta protestas, bloqueos y críticas por el encarecimiento de los carburantes.
Para sus aliados, cambiar determinadas reglas constitucionales permitiría ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores y abrir nuevas posibilidades de financiamiento y desarrollo. Para sus detractores, el riesgo consiste en desmontar protecciones fundamentales del Estado sin un consenso social suficiente.
La discusión ocurre, además, en una América Latina donde las constituciones vuelven a ocupar el centro de las disputas por el poder. El caso boliviano llega pocos días después de que Nicaragua aprobara una nueva reforma constitucional que amplió el mandato presidencial y fortaleció el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, provocando críticas internacionales.
El contraste resulta significativo, mientras en Managua la reforma sirve para concentrar poder, en Bolivia el debate se presenta como una búsqueda de nuevas reglas económicas e institucionales.
Pero la comparación también recuerda una regla esencial de las democracias latinoamericanas que una Constitución no es únicamente un instrumento para resolver las urgencias del Gobierno de turno. Cambiarla supone alterar el contrato político que organiza la convivencia nacional.
El propio camino diseñado para la reforma obliga a medir los tiempos. Primero estará el debate parlamentario; después, la exigencia de los dos tercios; finalmente, el referéndum. No existe, por tanto, una reforma consumada, sino apenas el primer pacto político para ponerla en marcha.
Y ahí aparece la verdadera batalla. Bolivia no solo tendrá que decidir qué artículos quiere cambiar, sino qué país pretende construir después de una década marcada por la polarización política y el agotamiento de un modelo económico que sus actuales gobernantes consideran insuficiente.
La pregunta que terminará frente a las urnas será mucho más amplia que el texto de una ley: si Bolivia quiere corregir su Constitución para adaptarla a una nueva realidad o si, en el intento de superar su crisis, está dispuesta a modificar las bases sobre las que construyó su actual modelo de Estado.
