Por Mauricio Contreras R.
LA PAZ.- En medio del torbellino económico, el subsidio a los combustibles se alza como una sima financiera que devora los recursos estatales, transformándose en un desangre de divisas que Bolivia ya no puede permitirse. Los números crudos narran la historia: $us 6.796 millones han sido drenados en una década, equivalente a un doloroso 15% del Producto Interno Bruto (PIB).
El año pasado, esta factura ascendió a $us 1.700 millones, un goteo constante que erosiona las arcas del Estado. Este sangrado monetario nos coloca ante una verdad ineludible: es hora de arrancar de raíz el subsidio y hallar vías alternativas que reduzcan esta asistencia, asumiendo los precios internacionales en ciertos sectores, sin castigar a la población en general.
Estamos frente a cifras que claman por ser confrontadas, por ser objeto de una revisión crítica y acciones inmediatas.
El dilema del diésel se alimenta en gran medida del contrabando desde las fronteras peruanas, un flagelo endémico que socava la estabilidad económica. Los precios internos subsidiados, que son menos de la mitad de los precios globales, son la puerta ancha hacia el desequilibrio financiero y la fuga constante de divisas.
¿La solución? Un llamado a la racionalidad económica. Los precios internos se desvían abruptamente de la realidad internacional: Bs 3,72 por litro de diésel y Bs 3,74 por litro de gasolina especial, en contraste con los Bs 8,688 y Bs 8,68 respectivamente en el mercado global. Un subsidio que sobrepasa el doble.

Claro está, la solución no es sencilla. Un ajuste a precios internacionales podría significar una escalada inflacionaria, pero ¿acaso es viable seguir parchando una situación insostenible?
Tomemos un ejemplo palpable: el costo en diésel para los viajes en la ruta Santa Cruz (Bolivia) – Iquique (Chile) asciende a Bs 5.800. Al mes, un camión realiza cuatro viajes, sumando un costo total de Bs 23.200 con el precio del carburante subsidiado.
Haciendo cálculos simples, esos Bs 5.800 representan 1.550 litros de diésel por viaje, alcanzando un total de 6.203 litros al mes por camión. Si multiplicamos esta cifra por el precio internacional de Bs 8,88 por litro, resulta en Bs 55.082. Esto significa una subvención de Bs 31.882 por cada camión al mes, una cifra preocupante.
Sin duda, una cifra considerable y preocupante más aún si se multiplica por 100 camiones se calcula un promedio de Bs 3,2 millones de subvención al mes.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) posee la llave para cambiar el rumbo. Autorizar la venta de diésel al precio internacional de Bs 8,88 el litro de diésel, con un margen de necesidad inicial para usuarios y transportistas, es un primer paso para abordar esta compleja situación. No se trata de coartar necesidades, sino de que todos los bolivianos asumamos nuestra responsabilidad económica.
El debate está servido. ¿Es sostenible continuar subsidiando? ¿Es la eliminación del subsidio la única carta sobre la mesa? Es imperativo explorar alternativas que aseguren la continuidad económica del país sin depender de una muleta financiera que nos lleva al precipicio.
La interrogante que ronda en el escenario económico, político y social es ¿será viable permitir que cada vehículo compre según su capacidad y aplicar tarifas internacionales en caso de exceder su límite?
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