LA PAZ, 17 abr (El Libre Observador) – Las perfiladas elecciones judiciales en Bolivia se ven envueltas en una nueva tormenta de incertidumbre, esta vez provocada por una oleada de amparos constitucionales presentados por postulantes inhabilitados, alertó este miércoles el jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado.
Precisó que la cifra de amparos asciende a por lo menos 15 recursos legales que podrían frenar el proceso electoral judicial.
La mecha de esta controversia la encendió la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz al ordenar la suspensión del proceso a instancias de Margarita Medrano, una de las postulantes inhabilitadas. A este caso se suman otros como el de Herculiano Capusiri, quien ha solicitado una medida cautelar ante la Sala Constitucional Primera de La Paz.
Mercado lamenta esta situación y reconoce la existencia de más de 15 amparos en curso. Afirma que muchos de los postulantes inhabilitados no presentaron la documentación requerida de forma correcta, incumpliendo con el reglamento establecido.
“Yo les pediría (a los postulantes) que primero revisen la normativa porque tratamos de ser estrictos e imparciales”, enfatiza Mercado.
Las consecuencias de estos amparos no se han hecho esperar. La sala constitucional ha instruido la paralización del proceso hasta el lunes, lo que ha obligado a la Comisión Mixta de Constitución a asumir la defensa de la instancia.
Mercado denuncia que estas acciones obstaculizan el desarrollo de las elecciones judiciales y las atribuye a una “mano negra” que busca impedir la renovación del Órgano Judicial.
Cabe recordar que este no es el primer tropiezo que enfrentan las elecciones judiciales en Bolivia. En 2023, dos recursos legales ya habían frenado el proceso, lo que impidió su celebración en esa gestión.
El primero de estos recursos fue presentado por Miguel Ángel Balcázar en abril de 2023, quien interpuso una medida cautelar contra el reglamento de preselección de candidatos. A este se sumó, en abril del mismo año, un recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, quien argumentaba que el reglamento violaba la Constitución.
