LA PAZ, 7 may (El Libre Observador) – El panorama político y judicial de Bolivia se ha vuelto aún más complejo tras las contundentes declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, quien restó validez a la decisión de la Asamblea Legislativa que suspendió a los magistrados del Órgano Judicial.
En una clara postura de desafío a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y un conflicto de poderes, Jaimes afirmó categóricamente que este órgano no tiene facultades para cesar a los magistrados en sus cargos.
Jaimes fundamenta su postura en la interpretación de la Constitución Política del Estado realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la Declaración Constitucional 049/2023, que establece la ampliación de mandato para los magistrados.
Esta interpretación, según el magistrado, es de carácter obligatorio y vinculante para todos los poderes del Estado, incluido el Legislativo.
El presidente del TSJ refuerza su argumento citando el artículo 15 de la Ley 254 (Código Procesal Constitucional), que establece que las sentencias, declaraciones y autos del TCP son de cumplimiento obligatorio, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante. De esta manera, Jaimes deja claro que la decisión de la ALP de cesar a los magistrados carece de validez jurídica.
Las declaraciones de Jaimes se producen en respuesta a la decisión tomada por la ALP en su séptima sesión, donde se aprobó una ley que deja cesantes a los magistrados prorrogados. Esta decisión ha generado gran controversia y ha sido calificada por algunos sectores como un intento de injerencia en el Órgano Judicial.
De acuerdo a analistas políticos, la postura firme del presidente del TSJ pone en evidencia un claro choque de poderes entre el Órgano Judicial y el Órgano Legislativo.
“Las repercusiones de este enfrentamiento aún son inciertas, pero sin duda alguna, tendrán un impacto significativo en el futuro del sistema judicial boliviano”, afirmó el analista Marino Gutiérrez.
“Lo que está en juego en este momento no es solo la permanencia de los magistrados en sus cargos, sino también la independencia y el equilibrio de poderes en el Estado boliviano”, aseveró.
Dijo que las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán determinantes para el futuro del sistema judicial y para la democracia en su conjunto.
