LA PAZ, 22 ago (El Libre Observador) – En un llamado decidido a la participación ciudadana, el gobierno de Bolivia exhortó este jueves a sus críticos y opositores a no temer la decisión del pueblo en un referéndum sobre asuntos económicos y políticos fundamentales como son: la subvención de los carburantes, la composición de los escaños legislativos y la reelección presidencial.
La viceministra de Comunicación y portavoz del gobierno, Gabriela Alcón, defendió enérgicamente la propuesta de referéndum presentada por el presidente Luis Arce, subrayando su carácter legal y constitucional.
“¿Por qué temer a que el pueblo participe? ¿Por qué temer que el pueblo sea actor protagónico y profundicemos la democracia?”, cuestionó Alcón durante una conferencia de prensa.
La viceministra también criticó a quienes se oponen al referéndum, instándolos a no politizar esta consulta popular. “En este momento, el país requiere de decisiones conjuntas”, añadió y enfatizó la necesidad de unidad en tiempos de debate nacional.
El presidente Arce anunció el 6 de agosto en Sucre la convocatoria a referéndum el mismo día que las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre.
Las preguntas del referéndum fueron remitidas por el gobierno el miércoles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la respuesta técnica debe darse en las 72 horas próximas, es decir el lunes, contabilizando sólo los días hábiles.
Las consultas permitirán a los bolivianos decidir sobre la continuidad o eliminación de las subvenciones de diésel y gasolina, la posibilidad de reelección presidencial continua o discontinua, y la expansión de los 130 escaños parlamentarios.
Las propuestas han generado críticas por parte de la oposición y algunos analistas, quienes argumentan que las dos últimas preguntas requerirían una modificación de la Constitución. Sin embargo, Alcón reiteró la legalidad del proceso y aseguró que “no es inconstitucional, está amparado en la Constitución y en la normativa vigente”.
La viceministra recordó las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien explicó que, según la Ley 026 de Régimen Electoral, el presidente Arce tiene la facultad para convocar a un referéndum mediante decreto supremo. Este respaldo legal refuerza la legitimidad del proceso propuesto.
Alcón también destacó que la consulta popular fortalecerá la democracia participativa y directa en Bolivia. “En temas que afectan a nuestra población, sin duda alguna, deben participar. Para nosotros, es la profundización de la democracia, hacer partícipe a la población en temas estructurales”, afirmó.
El proceso del referéndum consta de varias etapas. Actualmente, el TSE está evaluando las preguntas presentadas para asegurar su pertinencia e imparcialidad. Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) llevará a cabo un análisis jurídico de las consultas.
El TSE comunicó este jueves que, tras recibir las preguntas del gobierno, emitirá un informe técnico sobre su viabilidad en un plazo de 72 horas, cumpliendo con la normativa vigente. El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, informó a los medios que las preguntas serán analizadas para verificar su claridad, imparcialidad y precisión.
