LA PAZ, 26 jun (El Libre Observador) — Las carreteras han vuelto a abrirse y los bloqueos que durante más de cincuenta días fragmentaron Bolivia ya son parte del pasado inmediato. Sin embargo, la economía sigue atrapada entre las secuelas de aquella crisis. La escasez de dólares persiste, los combustibles continúan llegando de forma irregular, la inflación erosiona el poder adquisitivo de las familias y las empresas enfrentan costos cada vez más elevados para mantener su actividad. Para el sector privado, el fin de las protestas no significa el final de la emergencia.
Con ese diagnóstico, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la principal organización empresarial del país, lanzó este viernes un llamado que va más allá de las reivindicaciones económicas habituales. Su presidente, Giovanni Ortuño, pidió reconstruir la relación entre el Estado y el empresariado sobre nuevas bases institucionales y convertir el diálogo en una política permanente, en lugar de mantener contactos ocasionales marcados por la coyuntura.
El pronunciamiento llega después de uno de los episodios de mayor conflictividad política de los últimos años. Durante más de siete semanas, bloqueos de carreteras y movilizaciones promovidos por sectores afines al expresidente Evo Morales interrumpieron la circulación entre las principales regiones productivas del país para exigir su habilitación política y presionar al Gobierno. La protesta paralizó exportaciones, dificultó el abastecimiento de alimentos y combustibles, alteró las cadenas logísticas y dejó pérdidas de cientos de millones de dólares para la industria, el comercio, el transporte y el agro. Aunque el Ejecutivo logró restablecer la transitabilidad, los desequilibrios económicos acumulados siguen condicionando la recuperación.
«Ha habido señales positivas», reconoció Ortuño al referirse a los acercamientos que el Gobierno mantiene con el sector privado desde finales del año pasado. Pero, añadió, esa relación continúa siendo «desordenada», basada en conversaciones fragmentadas con distintos sectores y sin un mecanismo institucional que permita abordar los problemas estructurales de la economía.
Para el dirigente empresarial, Bolivia ha llegado a un punto en el que las respuestas parciales ya no bastan. La combinación entre la escasez de divisas, la reducción de las reservas internacionales, el déficit fiscal, el incremento de precios y la incertidumbre sobre el abastecimiento de diésel y gasolina ha creado un escenario que, según advirtió, amenaza con desembocar en una estanflación: una economía que apenas crece mientras la inflación continúa avanzando.
La propuesta de la CEPB es un plan de emergencia construido sobre tres pilares. El primero busca integrar a todos los sectores económicos y a las regiones del país para alcanzar consensos mínimos. El segundo plantea un acuerdo político nacional entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa, las gobernaciones, los municipios y los actores productivos para diseñar políticas de corto, mediano y largo plazo. El tercero propone institucionalizar la relación entre el Estado y la empresa privada con reglas claras que permitan impulsar la inversión, recuperar el empleo y aumentar la producción.
Detrás de esos tres ejes aparece un mensaje político que refleja un cambio en el tono del empresariado. Más que reclamar medidas coyunturales, el sector privado sostiene que Bolivia necesita redefinir el funcionamiento de su economía mediante acuerdos que sobrevivan a la confrontación política.
Ortuño insistió en que la recuperación pasa por abandonar el predominio de un modelo fuertemente estatista y avanzar hacia un marco regulatorio que incentive la inversión privada. Entre las reformas que considera prioritarias figuran una nueva Ley de Inversiones, una legislación para las alianzas público-privadas, cambios en la normativa minera y comercial, una reforma tributaria, modificaciones al régimen de exportaciones y una actualización de la legislación laboral.
La lista de propuestas coincide con un momento particularmente delicado para el país. En los últimos meses, Bolivia ha visto deteriorarse varios de sus indicadores macroeconómicos mientras la falta de divisas complica las importaciones y las empresas denuncian crecientes dificultades para acceder a combustibles y materias primas. La incertidumbre también ha elevado la presión sobre los precios internos y reducido las expectativas de inversión.
Para el empresariado, la prioridad inmediata no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes, sino en reconstruir la confianza. Esa confianza, sostiene la CEPB, solo será posible mediante instituciones estables, reglas previsibles y una interlocución permanente entre el sector público y el privado.
El mensaje también refleja una lectura política del momento. Después de semanas de polarización y enfrentamientos, los empresarios consideran que el amplio rechazo ciudadano a los bloqueos abre una oportunidad para sustituir la lógica de la confrontación por la del consenso. En esa visión, la recuperación económica dependerá menos de nuevos discursos que de la capacidad de las fuerzas políticas para construir acuerdos duraderos.
