LA PAZ, 1 dic (El Libre Observador) — Un operativo casi simultáneo de la Fiscalía y la Policía en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz abrió este lunes un nuevo frente en la ya deteriorada credibilidad de la petrolera estatal, envuelta desde hace meses en denuncias por desvío de combustibles, cobros irregulares y manejo opaco de su red logística.
La intervención, una de las más amplias en la historia reciente de la compañía, apunta a reconstruir un rompecabezas de irregularidades que se extiende por varias unidades corporativas.
En Cochabamba, los agentes ingresaron antes del mediodía a las oficinas de Redes de Gas y a la Dirección de Transparencia Corporativa, donde secuestraron documentos y notificaron a funcionarios vinculados a una investigación por concusión.
El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, José Fuentes, confirmó que el caso gira en torno a depósitos y cobros irregulares ligados a un proceso de licitación. “Se ha solicitado la reserva del caso”, dijo, al dejar abierta la posibilidad de nuevos operativos.
La operación se replicó en El Alto, en la estratégica planta de Senkata, epicentro de la distribución de combustibles. Allí, el fiscal Sergio Dávila anunció que las pesquisas se ampliarán a otras unidades como YPFB Logística y YPFB Comercial.
“Tienen varias denuncias, no solamente ésta”, afirmó, sugiriendo que el Ministerio Público prepara una intervención más profunda de la estructura corporativa.
En Santa Cruz, corazón económico del país, agentes ingresaron a oficinas próximas a la avenida Tres Pasos al Frente, en un operativo que reforzó la señal de que la Fiscalía busca mapear una trama de irregularidades acumulada durante años.
Hasta ahora no se han detallado los hallazgos, pero el Ministerio Público adelantó que las acciones continuarán hasta establecer la magnitud del daño y los responsables.
La intervención se suma al caso del expresidente de YPFB, Armin Dorgaghen, investigado por la creación de Botrading —una intermediaria que operó en Paraguay para la importación de combustibles— y por un presunto contrabando de gas en la frontera con Argentina.
A ello se agregan denuncias anteriores en oficinas como la de Riberalta, en Beni, donde se rastrean cobros irregulares y posibles redes internas dedicadas al desvío de carburantes.
La ofensiva fiscal revela el grado de deterioro administrativo en la mayor empresa pública boliviana, un gigante energético que atraviesa su momento más frágil en una década. El Gobierno espera un informe preliminar en las próximas horas, mientras la investigación comienza a perfilar la dimensión de un escándalo que podría redefinir el futuro de la compañía estatal.
