Por Melquiades Roque
LA PAZ, 7 sep (El Libre Observador) — Viacha despierta estos días entre escombros, pólvora y duelo. Siete muertos, 88 heridos, decenas de viviendas dañadas y familias que todavía esperan respuestas, es el saldo que convierten las explosiones ocurridas en una unidad militar en mucho más que un accidente circunscrito a un cuartel. Es una tragedia humana, pero también una prueba para el Estado. Y las tragedias, aunque no deben convertirse en trincheras política partidarias, sí obligan a preguntar cómo se llegó hasta ellas con certezas, protocolos y transparencia.
El Gobierno ha pedido no politizar el desastre. Es una petición razonable si significa dejar que los peritos y el Ministerio Público hagan su trabajo sin presiones. También es correcto que la investigación penal determine responsabilidades con pruebas y no con consignas. Pero hay una diferencia fundamental entre politizar una tragedia y exigir responsabilidades públicas. La primera busca réditos; la segunda forma parte de cualquier democracia que pretenda aprender de sus errores.
El presidente Rodrigo Paz llegó a Viacha cuatro días después de las explosiones y llamó a esperar las investigaciones. También recordó una realidad que merece atención, donde existe un cuartel, con frecuencia termina creciendo la población a su alrededor. Precisamente por eso la pregunta no puede limitarse a qué provocó las detonaciones. Hay que preguntar algo más incómodo, ¿estaban preparados el cuartel y las autoridades para convivir con una ciudad que se expandió alrededor de instalaciones que almacenan material potencialmente peligroso?
La información preliminar añade más interrogantes. La primera explosión estaría vinculada a pólvora negra utilizada en material pirotécnico, mientras que el origen de la segunda y más potente detonación continúa bajo investigación. Además, los equipos de rescate han encontrado materiales explosivos sin detonar y estructuras comprometidas. Todo ello vuelve indispensable conocer qué se almacenaba allí, bajo qué protocolos, con qué controles, quién supervisaba esos inventarios y qué medidas de seguridad estaban vigentes.
No se trata de adelantar culpables. Se trata de exigir algo más elemental: trazabilidad, es decir, la capacidad de rastrear el origen, el recorrido y las diferentes etapas de los explosivos y la posterior tragedia.
En cualquier institución que maneje explosivos, las palabras “inventario”, “cadena de custodia”, “mantenimiento”, “inspección” y “protocolo” no deberían ser conceptos burocráticos. Son barreras entre una operación rutinaria y una catástrofe. Cuando esas barreras fallan, la sociedad tiene derecho a saber cuál falló y por qué.
Bolivia no es el único país que enfrenta este desafío. En distintas partes del mundo, los accidentes industriales, militares y tecnológicos han demostrado una regla incómoda que las grandes tragedias rara vez dependen de una sola causa. Suelen ser la consecuencia de una cadena de pequeñas fallas, omisiones, advertencias ignoradas o protocolos insuficientes. Por eso las investigaciones modernas no buscan únicamente al responsable de una acción concreta; reconstruyen el sistema que permitió que el accidente ocurriera.
Ahí está uno de los mayores desafíos para Bolivia.
La investigación sobre Viacha no debería terminar con un expediente judicial ni con un parte militar. Debería producir un antes y un después en la gestión de instalaciones que almacenan material explosivo dentro o cerca de zonas urbanas. Hace falta revisar inventarios, protocolos de almacenamiento, mecanismos de inspección, planes de evacuación, sistemas de alerta y condiciones estructurales de los recintos militares.
También hace falta transparencia. La ciudadanía no necesita conocer información que pueda comprometer operaciones militares, pero sí necesita saber qué ocurrió, qué se está investigando, cuáles son los riesgos pendientes y qué medidas se adoptarán para impedir que una tragedia semejante vuelva a repetirse.
El Estado tiene una obligación adicional con las familias. No basta con acompañarlas durante los funerales o anunciar asistencia. Debe garantizar identificación digna de las víctimas, atención médica a los heridos, reparación cuando corresponda y respuestas claras sobre las circunstancias en que murieron sus seres queridos.
Porque el tiempo no puede convertirse en una estrategia de gestión.
En una Bolivia atravesada por una crisis económica, tensiones políticas y una ciudadanía cada vez más exigente con sus instituciones, Viacha llega como una nueva prueba de credibilidad para el Estado. La sociedad no solo observa cuántos cuerpos son recuperados de los escombros; observa cómo reaccionan las autoridades, cuánto tardan en informar y si son capaces de reconocer fallas antes de que estas vuelvan a cobrar vidas.
Decir que el dolor no debe politizarse es correcto. Pero convertir esa frase en un escudo frente a las preguntas sería un error.
El dolor no se politiza, la gestión se evalúa. Viacha exige ambas cosas, por un lado, respeto absoluto por las víctimas y una investigación rigurosa, independiente y transparente. Porque honrar a los muertos no consiste únicamente en enterrarlos con dignidad. También significa impedir que sus muertes terminen convertidas en una estadística más de una tragedia que, con mejores controles, quizá pudo evitarse.
