LA PAZ, 28 oct (El Libre Observador) — Un bus de transporte interprovincial se precipitó el lunes por un barranco de casi 600 metros en la comunidad de Corata, municipio de Morochata, en Cochabamba. Las imágenes del rescate recorrieron el país: cuerpos cubiertos con mantas tejidas, policías descendiendo por la pendiente, campesinos ayudando a levantar los restos de un vehículo irreconocible.
El saldo es devastador: 19 personas fallecidas, entre ellas 14 mujeres y cinco hombres. Pero lo que siguió al horror fue la revelación de una cadena de irregularidades e irresponsabilidades que, lejos de ser una excepción, ponen rostro a una tragedia que se repite en las rutas rurales de Bolivia.
El fiscal departamental Osvaldo Tejerina confirmó que el bus no tenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), no había pasado la inspección técnica vehicular en ocho años y su conductor, de apenas 23 años, carecía de licencia. Además, se menciona que el vehículo fue modificado ilegalmente, transformado de un camión de carga a un bus para pasajeros, sin cumplir las normas de seguridad ni contar con certificaciones mecánicas.
“Estamos solicitando toda la documentación técnica y legal del vehículo, la póliza de importación y las pericias estructurales. Necesitamos saber si era apto para circular”, explicó Tejerina. En otras palabras, el vehículo jamás debió estar en la carretera.
El subdirector de Tránsito, Fernando Aragón, corroboró lo peor: “No contaba con SOAT ni con inspección técnica, y el conductor no tenía licencia para conducir un vehículo de alto tonelaje”. Los reportes oficiales indican que el bus arrastraba multas impagas por más de ocho años, algo que pasó inadvertido ante los ojos de las autoridades de control.
Mientras el joven conductor permanece hospitalizado bajo custodia policial, la Fiscalía ya tramita imputaciones por homicidio, conducción peligrosa y lesiones graves. Pero los investigadores también apuntan más arriba como a los propietarios del vehículo, quienes deberán responder por haber permitido que un bus en condiciones deplorables transportara pasajeros por rutas de alta montaña.
En Morochata, como en muchas regiones rurales del país, el transporte público se sostiene en un sistema precario, informal y muchas veces invisible para el Estado. Viejos camiones adaptados, buses sin seguro y choferes sin licencia forman parte de la rutina diaria de miles de bolivianos que viajan entre comunidades alejadas y centros urbanos. El costo de esa informalidad, como muestra este caso, se mide en vidas humanas.
Las carreteras que serpentean por los valles y montañas cochabambinas, tan imponentes como peligrosas, carecen en muchos tramos de señalización, mantenimiento o barreras de contención. Los accidentes se vuelven parte del paisaje. Cada año, decenas de vehículos se precipitan en abismos andinos que se abren a metros de la calzada.
El gobierno ha prometido una revisión exhaustiva de los controles, pero los familiares de las víctimas dudan de que algo cambie. En el velorio colectivo, realizado en la plaza central de Morochata, los llantos se mezclaban con la resignación.
La tragedia de Morochata no solo expuso la negligencia de un conductor o la precariedad de un vehículo, sino también las grietas estructurales de un país donde la fiscalización vial aún depende más del azar que del control institucional.
En los papeles, el bus no existía. En la carretera, transportaba sueños, trabajadores y familias. En el fondo del barranco, quedó la evidencia más cruda de una realidad: en las rutas rurales bolivianas, la vida vale menos que una multa impaga.
