Por Vladimir Huarachi Copa
LA PAZ, 11 feb (El Libre Observador) — Está claro que Bolivia atraviesa una crisis al encontrarse en medio de dos regímenes, aunque no del todo distintos, pues el anterior no termina de cerrarse y el nuevo no acaba de consolidarse. Esto se debe a que ambos encuentran justificaciones para sus primeros meses de gestión en los burócratas heredados, quienes habrían generado problemas en la administración pasada y, según se afirma, también los estarían generando ahora. Por ejemplo, en el aniversario 245 del departamento de Oruro, el presidente Paz Pereira señaló que dentro de su gobierno existirían “plagas” que estarían boicoteando su gestión, particularmente en relación con la gasolina y el diésel de mala calidad.
Al afirmar que existen plagas dentro de su gestión, resulta evidente que se refería a funcionarios públicos; es decir, a ciertos burócratas que permanecieron desde el giro a la izquierda iniciado en 2005, cuando el MAS–IPSP (Movimiento al Socialismo–Instrumento por la Soberanía de los Pueblos) ganó las elecciones. De ahí que el giro a la derecha populista de noviembre de 2025 y el de 2005 compartan argumentos similares en sus primeros meses: ambos señalan a esos burócratas que, aparentemente, no aportarían a las funciones que desempeñan.
Pero ¿acaso los burócratas del presidente Paz Pereira en cargos de alto nivel no participaron en gestiones de gobierno antes y después de 2005? Sí, algunos lo hicieron, y de ellos también se decía que eran una piedra en el zapato durante los primeros años del gobierno del MAS–IPSP. Entonces, señalar hoy que existen burócratas que son una plaga en los primeros 90 días del gobierno, ¿no implica arremeter contra los mismos funcionarios de antes de 2005, tal como en su momento ocurrió con el expresidente Morales? Es posible que así sea, en ese afán recurrente de reformar la patria con los mismos cuadros administrativos que han atravesado distintos ciclos políticos.
Bajo esta línea argumentativa, a 90 días de gestión dentro del giro a la derecha populista, el laberinto burocrático aparece como uno de los factores que sostienen las crisis durante las transiciones de régimen y que, a la vez, limita a los actores en el poder, tal como ocurre con el problema de la gasolina y el diésel de mala calidad. De ahí la importancia de los burócratas: en ellos se depositan montones de documentos y, mediante sus vistos buenos, informes o incluso el clic de un ratón, pueden incidir en el destino del país.
Intentar eliminar la burocracia para agilizar procesos administrativos en beneficio nacional no siempre resulta como imaginan los decisores políticos, pues los burócratas son responsables de sostener el orden dentro de la compleja red que constituye el Estado. Por eso, en el afán de acelerar decisiones durante estos primeros 90 días, se ha evidenciado que saltarse procesos normados por la Constitución Política del Estado trae consecuencias tanto para el país como para los propios funcionarios encargados de analizarlos y organizarlos, pese a la connotación negativa que suele atribuírseles.
En esta sociedad acelerada y del espectáculo, decidir bajo esa lógica no ha sido, hasta ahora, la mejor forma de salvar a la patria, sino más bien una manera de eludir procedimientos para luego responsabilizar a quienes, paradójicamente, garantizan su cumplimiento.
