LA PAZ, 14 abr (El Libre Observador) — El caso del vuelo chárter con 32 maletas presuntamente vinculadas al narcotráfico y millones de dólares en Bolivia suma nuevos elementos y reaviva tensiones políticas e institucionales. El vicepresidente Edman Lara presentó información adicional sobre el operativo del 29 de noviembre de 2025, apuntando a posibles irregularidades en el manejo del caso por parte de las autoridades.
Según el informe expuesto por Lara, en la aeronave procedente de Estados Unidos viajaban la ciudadana boliviana Laura Rojas Ayala, el italiano Gabriel Giuliano Leoni y dos menores de edad, hijas de Rojas.
El vicepresidente sostuvo además que el padre de las niñas sería Juan José Galvarro, gerente de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación, quien fue reemplazado este martes por Eduardo Valdivia Meding, lo que añade un componente sensible al caso por la posible vinculación indirecta con una empresa pública.
El eje de la controversia radica en la presunta falta de transparencia en la información inicial. Lara denunció que estos datos no fueron revelados oportunamente por la Policía, lo que, a su juicio, abre interrogantes sobre un posible intento de ocultamiento en torno al ingreso de las maletas al país.
La investigación se apoya en un informe elaborado por el teniente Marvin Manzeda, quien junto al capitán Cristhian Rodríguez fue denunciado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, bajo acusaciones de no haber reportado adecuadamente el hallazgo.
Según la acusación los uniformados no comunicaron a sus superiores sobre el hecho, sin embargo, Lara asegura que, en el informe, Maceda tiene pruebas de haber brindado los detalles a Rodríguez, quien en ese momento era ayudante del ministro de Gobierno.
No obstante, el vicepresidente aseguró que sí existieron comunicaciones internas y presentó una cronología que, según dijo, contradice esa versión oficial.
El caso, que involucra indicios de tráfico ilícito y posibles fallas en los controles aeroportuarios, ha escalado en el debate público y político. Más allá de las responsabilidades individuales, el episodio expone grietas en los mecanismos de coordinación institucional y plantea dudas sobre la eficacia de los sistemas de control frente al crimen organizado.
Mientras las investigaciones continúan, el escándalo amenaza con convertirse en un nuevo foco de presión para el Gobierno boliviano, en un contexto donde la transparencia y la credibilidad institucional se encuentran bajo creciente escrutinio.
