SANTA CRUZ, 6 dic (El Libre Observador) – La decisión del Gobierno boliviano de suspender las exportaciones de aceite comestible ha encendido las alarmas en el sector productivo boliviano.
Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), más de 14.000 familias dedicadas a la producción de soya, la mayoría pequeños agricultores, enfrentan una inminente quiebra debido a la paralización de mercados externos, una medida que impacta directamente en una cadena productiva que genera $us 2.000 millones anuales y sostiene más de 120.000 empleos directos e indirectos.
El presidente de Anapo, Fernando Romero, advirtió que esta política podría colapsar una de las principales industrias agrícolas del país.
“La prohibición genera incertidumbre y paraliza la compra de producción por parte de exportadores e industrias, dejando a los productores sin financiamiento para afrontar los altos costos de esta campaña. Esto afecta desde los transportistas hasta los proveedores de insumos y maquinarias, desestabilizando toda la cadena productiva”, afirmó Romero.
La suspensión no solo pone en riesgo la estabilidad de los agricultores, sino también de los sectores que dependen indirectamente de esta actividad, como las industrias avícola, porcina, lechera y ganadera, que utilizan subproductos como insumos clave.
Además, la medida compromete la planificación de cultivos rotativos, esenciales para la seguridad alimentaria, como maíz, sorgo y trigo.
La crisis actual se suma a desafíos ya existentes: la sequía ha reducido la productividad, la escasez de dólares ha complicado las transacciones internacionales, los costos de insumos han aumentado, y la insuficiente provisión de diésel ha dificultado el transporte y la mecanización agrícola.
Según Anapo, estos factores profundizan un panorama crítico para la producción alimentaria en Bolivia.

CIFRAS QUE REFLEJAN LA CRISIS
El sector oleaginoso, que produce anualmente 6 millones de toneladas de granos, es uno de los pilares de la economía agrícola nacional. Su paralización afecta tanto al mercado interno como a las exportaciones, las cuales generan divisas cruciales para el país. En cifras:
- $us 2.000 millones: ingresos anuales que generan las exportaciones de aceite y harina.
- 14.000 productores: de los cuales el 80% son pequeños agricultores.
- Más de 120.000 empleos: directos e indirectos están en riesgo.

SOLUCIONES ESTRUCTURALES
Anapo instó al Gobierno a reconsiderar la suspensión y trabajar en soluciones que no afecten la producción. “Es necesario combatir la especulación y el contrabando sin medidas que desincentiven la producción.
Los productores queremos seguir abasteciendo alimentos, pero necesitamos certidumbre y acceso tanto a los mercados internos como externos”, enfatizó Romero.
La asociación advirtió que los próximos tres meses serán cruciales: si la medida se mantiene, podría colapsar la cadena productiva oleaginosa, una de las más importantes del país.
Anapo propuso un diálogo inmediato para diseñar políticas que equilibren las necesidades de los productores con los objetivos del Gobierno, salvaguardando la estabilidad económica y social de Bolivia.
El tiempo apremia y las decisiones que se tomen marcarán el rumbo de un sector vital para la economía nacional.

