Por Omar Rioja
LA PAZ, 27 ene (El Libre Observador) — La economía de Bolivia, marcada por un panorama desafiante, transita un momento de redefinición bajo el Modelo Económico Social Comunitario Productivo liderado por el presidente Luis Arce. Este enfoque, que alguna vez se perfiló como un faro de estabilidad en América Latina, enfrenta hoy el reto de demostrar que su esencia inclusiva y sostenible puede resistir las adversidades externas e internas.
En un entorno de crisis global y tensiones internas, la apuesta central sigue siendo la inversión pública como motor del crecimiento. Los 4.000 millones de dólares destinados a este rubro en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 no solo buscan estimular la economía, sino también sostener un modelo que pretende garantizar el bienestar social y la soberanía económica. Sin embargo, ¿es suficiente este esfuerzo para contrarrestar los embates de un contexto político y económico convulso?
El modelo económico de Arce no solo lidia con presiones económicas, sino también con obstáculos legislativos que han frenado el flujo de recursos vitales. El bloqueo de créditos internacionales de más de 1.600 millones de dólares y la demora en leyes estratégicas, ilustran la falta de cohesión entre los poderes del Estado. Estas trabas han limitado la capacidad del Gobierno para fortalecer las reservas internacionales y enfrentar el déficit fiscal, elementos críticos en la actual coyuntura.
Por primera vez en 16 años, Bolivia registró transferencias negativas de deuda externa pública. Esta situación no solo genera incertidumbre, sino que también erosiona los márgenes de maniobra para financiar proyectos fundamentales en sectores como infraestructura, energía y agricultura. Las disputas políticas han puesto en jaque la implementación de un modelo que requiere unidad y cooperación para enfrentar los desafíos estructurales de la economía.
RESILIENCIA FRENTE A LA CRISIS
A pesar de los contratiempos, el gobierno ha mostrado determinación al implementar estrategias de diversificación económica e industrialización. Las inversiones en plantas de biodiésel, industrias farmacéuticas y proyectos agrícolas representan un esfuerzo por reducir la dependencia de importaciones y generar valor agregado.
Estas medidas, aunque prometedoras, requieren tiempo para consolidarse y reflejarse en la mejora de los indicadores económicos.
En el sector hidrocarburos, YPFB ha redoblado esfuerzos para revertir la caída en la producción de gas y petróleo. La aprobación de 26 pozos exploratorios entre 2021 y 2024 es un ejemplo de cómo el modelo intenta adaptarse a un contexto adverso.
Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá no solo de la inversión, sino también de la capacidad del Estado para gestionar eficientemente los recursos y garantizar la estabilidad macroeconómica.
El presidente Arce, consciente de los desafíos que enfrenta su modelo, ha convocado a un “gran pacto social”. Esta propuesta, enmarcada en los preparativos para el Bicentenario de Bolivia, resalta la necesidad de una articulación política que trascienda las divisiones partidarias.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá el país superar las diferencias internas para consolidar un modelo que apuntala justicia social y sostenibilidad económica?
Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica. Si bien el Modelo Económico Social Comunitario Productivo ha demostrado ser adaptable, su viabilidad futura dependerá de una estrategia que combine eficiencia, transparencia y cooperación. Este no es solo un reto para el Gobierno, sino para toda la sociedad boliviana.
Es hora de que Bolivia, en su diversidad y complejidad, reconozca que la resiliencia no es solo una característica del modelo económico, sino una responsabilidad colectiva. Frente a la crisis, el país tiene una oportunidad única de redefinir su rumbo y construir un futuro que honre los principios de inclusión y justicia que han sido el núcleo de su identidad.
