LA PAZ, 2 may (El Libre Observador) — El Ministerio Público de Bolivia ha ratificado este viernes su decisión de mantener y defender la imputación formal contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el presunto delito de trata de personas con agravante, independientemente del tribunal o distrito judicial que asuma competencia en el proceso.
La declaración, realizada en conferencia de prensa por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, deja entrever una tensión creciente entre el Órgano Judicial y el aparato fiscal en uno de los casos más sensibles del escenario político-judicial boliviano.
“Jurisdicción donde tenga que llevarse este proceso penal, ahí va a estar la comisión de fiscales sosteniendo la imputación formal que en su momento se presentó”, enfatizó el representante del Ministerio Público.
Sus declaraciones responden al reciente fallo emitido por la jueza Lilian Moreno Cuéllar, del Juzgado 14° de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz de la Sierra (este), que dejó sin efecto una orden de aprehensión previamente dictada contra Morales y dispuso que el caso, hasta ahora instruido en Tarija, se remita a Cochabamba.
El caso se remonta a 2015, cuando Morales, quien gobernó 14 años Bolivia, aún era presidente. La denuncia —basada en elementos que, según la Fiscalía, incluyen indicios de una relación íntima con una menor de edad en Yacuiba— ha sido fuertemente politizada desde su apertura.
La presunta existencia de una hija fruto de esa relación con una menor ha incrementado la atención pública y el impacto potencial del proceso.
El 17 de enero de este año, el juez anticorrupción de Tarija, Nelson Rocabado, declaró a Morales en rebeldía, ordenando su búsqueda y aprehensión. Sin embargo, esa resolución fue luego anulada por la jueza Moreno, quien paralizó el proceso en Tarija, en medio de gestiones impulsadas por la defensa legal del líder cocalero y fundador del Movimiento al Socialismo (MAS).
Pese a esa contramarcha judicial, el fiscal general remarcó que la anulación de las medidas cautelares no borra los elementos de convicción reunidos en la investigación. “No deja de lado que existan indicios en contra de estas personas que han sido imputadas. No es solo una persona involucrada, son varias; incluso hay una persona con detención preventiva”, dijo Mariaca.
Advirtió también que el Ministerio Público no puede operar “en el limbo”, en alusión a fallos judiciales que podrían, a su juicio, entorpecer la labor fiscal.
El proceso ha desatado un nuevo episodio de pugnas institucionales, al tiempo que pone a prueba la independencia de los órganos judiciales en medio de un clima electoral cada vez más polarizado.
